Según Valderas, “no es de recibo que el presidente de la Junta, Manuel Chaves, diga que 2009 va a ser un año aún peor y se quede tan pancho”. O Andalucía se mueve o no derrotaremos a la crisis ni al modelo económico fracasado que lo sustenta. Es necesaria valentía para tomar medidas que frenen la sangría del desempleo”.
Y es que, para el coordinador andaluz de la coalición de izquierdas, “debe ponerse el desarrollo económico al servicio de la mayoría social”.
Así, la federación de izquierdas avisó que “si esto sigue así acabaremos haciendo una huelga general. El paro es un caballo desbocado que lleva en su lomo a un Gobierno ineficaz”.
Valderas también recordó la aprobación ayer de una propuesta en el Parlamento andaluz por la que “ni ERE´s ni cierres de empresas son aceptables en compañías con beneficios, que aprovechan la crisis para reajustar su plantilla. Eso se llama terrorismo e indecencia empresarial ya que han recibido dineros públicos y ahora no realizan retribución social”.
El coordinador andaluz de IU pidió “menos brindis al sol y una mayor intervención pública”. Así, Valderas apuntó que “la banca ha obtenido 14.000 millones de euros de beneficios en los nueve primeros meses y se le sigue inyectando dinero, sin que ese capital siga fluyendo hacia las familias”.
En esta línea, desde IU se requieren “unos presupuestos más ajustados a la realidad social. Además, habrá que arbitrar otras salidas a los problemas que no sea el cierre. Los sectores empresariales deben arrimar el hombro”.
Encierro
Por su parte, el coordinador provincial de IU, Manuel Cárdenas, avanzó que el próximo 14 de enero se llevará a cabo “un encierro en la Diputación Provincial de Cádiz. Queremos que esta sea también una jornada de puertas abiertas que irá precedida de una treintena de actos públicos en diferentes municipios de toda la provincia”.
Con respecto al fondo que el Gobierno destinará a los consistorios, Cárdenas apuntó que “no se puede hacer recaer la conciencia social de la responsabilidad del desempleo en los ayuntamientos. La responsabilidad es del Gobierno central y de la Junta”.
