El pleno del Ayuntamiento de Los Barrios, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha aprobado por unanimidad la propuesta de aprobación y firma de un convenio de colaboración entre la Diputación de Cádiz y el Consistorio de la Villa para el fomento de la movilidad urbana sostenible, dentro de los planes provinciales dispuestos para municipios menores de 50.000 habitantes en Cádiz. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Los Barrios ratifica su apuesta por el desarrollo de actuaciones urbanísticas que permitan la práctica de hábitos saludables y no contaminantes al desplazarse por el entorno urbano, sustituyendo el uso de los vehículos motorizados para reducir la contaminación acústica y ambiental en los núcleos de población.

Otros puntos aprobados por unanimidad entre todos los grupos fueron: la firma de un convenio marco con la UCA; la creación y modificación de distintos ficheros urbanísticos, de videovigilancia y control horario, que se inscribirán en el registro municipal de protección de datos, y una moción sobre la salida 113A de la autovía A7 en Los Cortijillos, ésta a propuesta del Partido Andalucista, en la que se destaca la peligrosidad del acceso a la vía de servicio de la población y tras la que se pedirá al ministerio de Fomento que estudie y ejecute una solución.

En el punto número ocho, la Corporación aprobó la la forma de gestión del servicio de grúa para la retirada, inmovilización, depósito y custodia de toda clase de vehículos de la vía pública en el término de Los Barrios, que se realizará mediante gestión indirecta por concesión. Esta propuesta de alcaldía contó con los votos a favor de PSOE, Izquierda Unida, Partido Popular y el concejal no adscrito, Francisco de la Jara, mientras que el Partido Andalucista votó en contra, alegando su portavoz, Jorge Romero, que el Ayuntamiento debe realizar este servicio con los medios propios que tenga, o que deba adquirir. En su respuesta, el portavoz socialista, Alfonso Pecino, destacó que la mejor opción es la gestión indirecta por concesión, como se realiza en la mayoría de municipios del país, por cuestiones logísticas y de reducción de coste del servicio.

Los puntos que propiciaron un debate más intenso entre los diferentes portavoces han sido el diez y el once, ambos a propuesta del Grupo Municipal Andalucista, sobre el estado de la urbanización de Ciudad Jardín, y contra la subida de tasas de agua, basura y alcantarillado, respectivamente, que fueron finalmente rechazados en el pleno.

El PA presentó una propuesta destacando las deficiencias que presenta esta urbanización de la localidad desde su edificación en los años ochenta del pasado siglo, además de exigir al equipo de gobierno que actúe en el caso de una parcela anexa a Ciudad Jardín que, según afirmó Jorge Romero, debe pertenecer a la comunidad de vecinos, en la que se están realizando movimientos de tierra que están afectando a viviendas colindantes. El portavoz socialista, Alfonso Pecino, por su parte, afirmó que esa parcela pertenece a un propietario particular, según se comprueba en el Registro de la Propiedad, y está destinada a uso comercial (no insdustrial) con lo que el caso no es de ámbito público sino privado. En cuanto a las mejoras urbanísticas requeridas por los vecinos, Pecino asumió la necesidad de hacer frente a esas deficiencias, destacando que, al tratarse de comunidad de propietarios, hay que dirimir entre las que competen a la administración pública y las que son responsabilidad de los vecinos de esa urbanización: “Estamos dispuestos a abordar ese tema en profundidad, responderemos a Ciudad Jardín en lo que nos corresponda, según marca la ley, y ya se han mantenido contactos”, afirmó. La propuesta fue finalmente rechazada por los votos de PSOE e IU, y contó con los votos favorables de PA y PP. El concejal no adscrito, Francisco de la Jara, se abstuvo.

En cuanto a la propuesta andalucista contra la subida de tasas de agua, basura y alcantarillado anunciada desde Mancomunidad, el PA reafirmó su postura contraria a esta medida, criticando la decisión tomada en la institución comarcal y en el acuerdo al que llegaron los siete alcaldes del Campo de Gibraltar, además de la gestión de la empresa pública ARCGISA. La portavoz del PP, Maite Corrales, por su parte, rechazó la moción andalucista y defendió el pacto de los alcaldes, destacando la necesidad de unificar las tasas en toda la comarca y afirmando que el foro idóneo para realizar este debate debería haber sido el pleno del organismo competente, la Mancomunidad de Municipios.

En términos parecidos mostró su rechazo también el PSOE, cuyo portavoz acusó al PA de servirse de “la demagogia y el populismo” para ir en contra de una decisión tomada en el organismo comarcal por acuerdo de todos los grupos, salvo el andalucista. Pecino destacó además la necesidad de fomentar un uso más racional del agua, como un bien preciado y necesario, señalando que, si bien en Los Barrios es donde se ha mantenido una tasa más barata de agua en los últimos años, esta variación de la tasa se debe realiza por responsabilidad con todos los ciudadanos de la comarca. Finalmente, la propuesta fue desestimada ya que sólo contó con los votos favorables del PA, siendo rechazada por el resto de los grupos.