El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, exigió ayer a los socialistas barreños que pidan “perdón” por la “herencia que nos han dejado en el Ayuntamiento y en la ruina que han metido al pueblo de Los Barrios”, al tiempo que recordó que “los que ahora están en la oposición fueron protagonistas en su día de la mala gestión y el despilfarro”.

Romero aludió a “la política de enchufismo que ha realizado en los más de 13 años que ha gobernado, colocando a amigos sin convocatoria pública y sin respetar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y publicidad. Me pregunto si los parados de Los Barrios que no fueran amigos de los socialistas también tuvieron la oportunidad de poder acceder a estos puestos de trabajo”, incidió.

Romero manifestó que es “increíble que el PSOE nos quiera dar lecciones de buena gestión y critiquen al gobierno andalucista”, con” un equipo comprometido y haciendo más con menos”.

En cuanto a las denuncias, Romero matizó que detallará sus razones en los juzgados, “no entiendo como el PSOE interpone una denuncia sólo porque estamos organizando el Ayuntamiento, pero seguro que no nos van a imputar por supuestos delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente”, añadió.

“Desprecio por la justicia”
Por su parte, el PSOE acusó al alcalde de Los Barrios de mentir y despreciar a la justicia”. Los socialistas aseguraron que “el primer edil barreño falta a la verdad y lo hace además con la actitud chulesca y desafiante que le caracteriza”. Los socialistas se reiteraron en que la sentencia que obligaba a rehabilitar en sus cargos al secretario de Alcaldía y al jefe de prensa no se han cumplido, pese a que frente a la decisión judicial no cabe recurso.

En el caso del secretario de alcaldía, trasladado al Negociado de Cementerio, la juez declaró que “existen verdaderos indicios de que la movilidad funcional del actor obedece a la adscripción política del mismo”, al tiempo que considera la actuación del Consistorio “injustificada y discriminatoria”.

En el caso del jefe de prensa se da por probado que, con el cambio de destino ordenado por el alcalde, el trabajador “vio alterada su ocupación funcional” excediendo “os límites de la movilidad funcional”.