Urbaser está al frente del servicio de limpieza viaria y de recogida de basuras. El primero, a través de un contrato establecido con el Ayuntamiento, supone un coste anual de 12 millones de euros. El segundo, establecido con Ajemsa, se sitúa en los 8 millones de euros. La relación contractual se remonta al año 1995, en el que se acordó una vigencia por 24 años, revisables cada ocho. En diciembre de 2010, a escasos meses de la revisión, la concesionaria amenazó al Ayuntamiento con marcharse a causa de la deuda acumulada y cifrada en torno a los cien millones de euros. Al Gobierno socialista de entonces no le quedó otra que negociar un convenio de pagos mediante las famosas tomas de razón con Diputación.
La cantidad resultante -que sumaba la deuda acumulada, el pago de los servicios hasta la extinción del contrato y los intereses acumulados-, repercutiría en el pago a la empresa de 382,5 millones de euros en el transcurso de veinte años. A aquel gobierno no le quedó otra opción. Sin embargo, el plan de pago a proveedores ha reportado al actual Gobierno de María José García-Pelayo la oportunidad de cancelar de un plumazo casi el 90% de la deuda existente hasta 2011 y, también aquí, poner el contador casi a cero para reanudar desde otra perspectiva la relación contractual con la empresa, en la que esta última deja de ostentar la posición dominante que había desempeñado hasta ahora.
Pese a todo, citar a Urbaser en estos momentos en el Ayuntamiento se ha convertido casi en tema tabú. Primero por lo que va a representar la subida del recibo de la basura a partir del mes de julio -5,4 euros de media para equilibrar el déficit presupuestario-, pero también porque a lo largo de los últimos días ha habido contactos entre ambas partes para abordar el funcionamiento del servicio de limpieza viaria.
Y si bien es cierto que son muy pocos los que apuestan por asumir el servicio de recogida de basura, no lo es menos que el de la limpieza viaria permite afrontar el debate desde otra perspectiva más positiva, en este caso, la del ahorro con el que se ha comprometido el Gobierno municipal.
Como apuntábamos, la limpieza viaria tiene un coste anual de 12 millones de euros para el Ayuntamiento. De esos doce, nueve se corresponden a la prestación del servicio en sí, uno a la devolución del canon y otros dos a la regularización de los salarios. Si el Ayuntamiento optara por la gestión directa del servicio, no sólo podría redefinir esos costes, sino verse beneficiada del ahorro que supondría estar exento de abonar el beneficio industrial aplicado por la empresa privada, el IVA añadido por el pago del servicio y el 12% de los gastos generales que soporta la concesionaria.
Joaquín del Valle (IU), que ya hizo los números en su día, llegó a plantear la creación de una empresa municipal que aglutinara los servicios vinculados al medio ambiente: la limpieza viaria, la limpieza de colegios y edificios públicos, los parques y jardines y el alumbrado, de cara a la obtención de un notable ahorro para las arcas municipales, desde el momento en que cada uno de estos servicios se prestan actualmente a través de concesionarias -y eso equivale a sumar cada uno de sus beneficios industriales, su IVA y su gastos generales-.
Hay, no obstante, algunas consideraciones que tener en cuenta a la hora de plantear la gestión directa, en este caso, de la limpieza viaria. El principal, el más que probable rechazo frontal de una plantilla fidelizada a Urbaser por las ventajas de ostentar el servicio de recogida de basuras, ya que el mismo supone contar con unos ingresos mensuales fijos que son los que garantizan asimismo el pago puntual de sus nóminas.
Aún así, es una de las opciones que no debería descartar el Gobierno municipal en virtud de su compromiso con la obtención del ahorro y con la prestación de servicios públicos básicos de calidad; una cuestión ampliamente polémica en el caso de Urbaser, que utilizó la coartada de la deuda municipal como excusa para no atender las necesidades de la propia plantilla a la hora de desempeñar su labor, como ha denunciado en varias ocasiones el comité de empresa en el transcurso de los últimos dos años.
Que el Ayuntamiento quiera hacer valer su nueva posición ante la empresa -a la que va a abonar más de 88 millones de euros con los fondos ICO- para exigir mayores compromisos en la tarea de la limpieza viaria se verá y conocerá próximamente, pero no cabe duda de que tampoco debe rechazar la opción de la gestión directa de un servicio en virtud del ahorro que implica y los recursos económicos de los que se dispondrá para asumir su pago.
