La dirección provincial del PSOE de Cádiz ha ratificado hoy a este periódico la decisión de mantenerse firme en su postura en el proceso de apertura de expedientes contra los seis diputados del grupo que no apoyan el cambio de portavocía hacia la secretaria general, Irene García, y que podría derivar en la expulsión de los mismos, incluidos los alcaldes de Villaluenga, Alfonso Moscoso, y La Línea, Gema Araujo, que durante estos días ha mantenido diversos contactos para intentar solucionar los graves problemas por los que atraviesa su Ayuntamiento y que han derivado en el impago de la últimas nueve nóminas municipales.
Los otros cuatro diputados que podrían ser expulsados son Olga González, Pérez Peralta, José María Román y Javier Pizarro, hijo de Luis Pizarro.
No obstante, la dirección provincial mantiene su postura de “diálogo” en base al acuerdo inicial planteado mediante el cual la viceportavocía del grupo recaería en Alfonso Moscoso, aunque en ningún caso estaría dispuesta a retirar los expedientes hasta que se formalice un acuerdo de integración entre los doce diputados y que, entiende, pasa porque todos acaten la decisión adoptada por la dirección provincial.
Aunque aún no hay resolución pública por parte del federal con respecto a los expedientes, todo hace indicar que la misma será favorable hacia la postura defendida por la dirección de Cádiz ante el peso que hoy tiene el PSOE andaluz en el ámbito nacional y cuyas relaciones no se pondrían en riesgo por el conflicto interno de Cádiz. En base a ello, la resolución podría ser firme e inmediata.
Por otra parte, la portavocía en el Pleno de presupuestos de Diputación de Cádiz recaerá en el actual portavoz, José María Román, en base a que aún no hay resolución y que Román ha sido quien se ha ocupado de los asuntos económicos del grupo, si bien los doce diputados acudirán a esta sesión con la tensión acumulada por el conflicto que internamente viven y los desencuentros acumulados durante las últimas semanas.
