Salvo que la Junta pague in extremis a lo largo de los próximos días, los jerezanos se quedarán indefinidamente sin servicio de abogados de oficio al agotarse el ultimátum dado por el Colegio de Abogados de Jerez a la Consejería de Justicia ante la deuda contraída. El débito supera los 600.000 euros y corresponde a todo el pasado año 2012, ejercicio del que la Administración andaluza no ha pagado por este concepto ni un euro. A partir de ahí el reloj corre en contra y se acerca irremediablemente al 15 de enero, la fecha tope dada por la institución que representa a los letrados jerezanos. Si para entonces el Gobierno autonómico no mueve ficha, los abogados suspenderán el servicio definitivamente a excepción de la asistencia a detenidos, un derecho constitucional.
Desde hace un mes, como medida de presión, el Colegio de Abogados decidió adecuar el servicio al presupuesto disponible ante los impagos y reducir a un día, los miércoles, la atención al público. Las consecuencias no se han hecho esperar, y se han traducido en colas ante las instalaciones de la calle Sevilla, habida cuenta de que ha pasado a concentrar en una sola mañana a una media de entre 35 y 40 personas que antes atendía a diario.
A partir de una semana las cosas pueden ponerse mucho peor. Hasta ahora, el colegio había optado por tomar nota de las solicitudes de abogados de oficio y reclutarlas en una lista de espera que se desbloqueara cuando la Junta empiece a pagar. De este modo, exceptuando la asistencia a presos y aquellos procesos cuyo vencimiento del plazo les pudiera acarrear un perjuicio, la práctica está siendo dar a los interesados una comunicación que deben entregar en los juzgados instándoles a que suspendan el procedimiento a la espera de que el conflicto se resuelva.
Pero a partir del día 15 ni siquiera se optará por esta fórmula intermedia, ya que directamente la sede de la calle Sevilla dejará de atender estos servicios. Para colmo, el final de año se ha torcido más que nunca después de que la Junta de Andalucía haya dado luz verde a la modificación del Reglamento de Justicia Gratuita recién, lo que se traduce en una reducción de hasta un 50% de su aportación para los gastos de infraestructuras para estos letrados. El decano del Colegio de Abogados, Marcos Camacho, ya ha avisado de que no podrán prestar todos los servicios con este recorte y no descarta emprender nuevas medidas de presión para reclamar soluciones.
