El candidato de Foro Ciudadano a la Alcaldía de Jerez, Raúl Ramírez, ha propuesto gravar con un 50% de recargo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a entidades financieras que mantengan viviendas deshabitadas en el municipio, las cuales provienen principalmente de ejecuciones hipotecarias. Estas viviendas vacías, ha dicho, son un “foco permanente de conflictos y problemas para el propio Ayuntamiento, asumiendo muchas veces costes o responsabilidades indirectas fruto del deterioro progresivo de numerosas promociones repartidas a lo largo y ancho de la ciudad”. Al mismo tiempo, “se está privando a cientos de familias con necesidades o directamente en exclusión social de tener garantizado un techo, tal y como establece nuestra Constitución”, ha manifestado el alcaldable de Foro Ciudadano de Jerez. A su modo de ver, el decreto-ley de la Junta de Andalucía para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, aprobado el pasado año, ofrece esta posibilidad a los ayuntamientos andaluces, por lo que “ahora se trata simplemente de que haya voluntad política para aplicarla, incluir el recargo en las ordenanzas fiscales, y trabajar, junto con el gobierno autonómico, en la detección de qué inmuebles deben ser considerados como vacíos, una de las claves para hacer totalmente viable la medida”.
A partir de lo anterior Ramírez entiende que esta actuación tiene “un doble efecto, ya que por un lado se obtiene mayor recaudación de quienes más tienen, para reinvertirla en las necesidades de mejora de servicios públicos de los jerezanos y jerezanas, o incluso para bonificar la llamada ‘contribución’ a familias desfavorecidas; y más importante aun, se pone a disposición de la ciudadanía un gran fondo de viviendas sociales que están sin salida y en permanente deterioro”. “No puede ser que haya barriadas donde se suceden las patadas a las puertas para ocupar casas, mientras otras zonas cuentan con promociones fantasma que no son más que focos de inseguridad, insalubridad y pésimas para la imagen de la ciudad”, ha mantenido. En este sentido, considera “a todas luces injustificable que mientras siga habiendo desahucios o familias con serios problemas para garantizar el derecho a la vivienda en todo Jerez, existan cientos y cientos de inmuebles vacíos que no prestan ningún servicio social ni económico a la comunidad”.
Este tipo de penalización o gravamen adicional, que ya se ha puesto en marcha en otras ciudades de Andalucía, Madrid o País Vasco, podría imponerse, “aunque es algo que habría que debatir y consensuar entre todas las fuerzas políticas representativas de la ciudad”, en aquellas viviendas que se encuentren en la siguiente situación: no ha habido persona alguna empadronada en el último año; no se ha concedido licencia de primera ocupación y no se ha habitado en todo el año; ausencia de suministro de luz y agua; haya sido declarada en estado de ruina y conlleve demolición; entre otras cuestiones “a analizar” una vez se plantee la inclusión del recargo en el proyecto anual de ordenanzas fiscales.
En paralelo, según ha mantenido el representante de Foro Ciudadano, el Ayuntamiento debe propiciar “cuanto antes” acuerdos con las entidades financieras, que se han convertido “en las principales inmobiliarias de este país”, para que “hagan aflorar sus bolsas de viviendas dentro de un contexto de mercado inmobiliario que no volverá a vivir aquellos años de ‘boom’ del ladrillo”. Del mismo modo, “y es todavía más grave, hay que articular los mecanismos que sean necesarios para que la empresa municipal de vivienda Emuvijesa, en vías de liquidación por orden del actual gobierno municipal, también haga lo propio “con urgencia” respecto del ‘stock’ que en este momento pudiera tener acumulado y en deshabitado. “Una cuestión que no se puede permitir por más tiempo si se tiene en cuenta que hay más de 4.000 demandantes de vivienda pública registrados en la ciudad”, ha ultimado.