El Pleno municipal abrió ayer la puerta a la solicitud de un nuevo préstamo, si bien en esta ocasión tendrá que ser el Gobierno central quien acepte la propuesta del Ayuntamiento de Jerez, que formalmente no cumple con el requisito necesario de tener retenida la PIE por las deudas contraídas con Seguridad Social y Hacienda. La medida fue aprobada por todos los grupos políticos y persigue reducir el coste financiero en unos 25 millones de euros en los próximos diez años.
El Consistorio pretende acogerse a la medida 11.7 del Real Decreto Ley por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y se adaptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía. El problema es que esa medida se contempla únicamente para aquellos ayuntamientos que tienen retenida la PIE como consecuencia de sus impagos a Hacienda y Seguridad Social.
Jerez no recibe el 93 por ciento de la PIE que le corresponde anualmente, pero no cumple con ese requisito, ya que existe un acuerdo de pago de la deuda acumulada con ambos organismos públicos, que rebasa los 135 millones de euros. De ahí que el Pleno aprobase por unanimidad solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que haga una excepción con el Consistorio jerezano que le permita reducir su carga financiera.
El teniente de alcaldesa de Economía, Hacienda y Planes Especiales, Santiago Galván, lamentó que la medida excluya al Ayuntamiento, que no tiene retenida la PIE por esa deuda sino “por los anticipos que solicitó el Gobierno anterior, uno de 26 millones de euros y otro de 22”. Como consecuencia de esos anticipos, el Estado retiene alrededor de 2,7 millones de euros mensuales, además de algo más de un millón que se destina al pago de los cuatro préstamos ICO “solicitados e impagados” con anterioridad.
Acogerse a esta medida supondría que la deuda del Ayuntamiento con Hacienda y Seguridad Social se incorporaría al Fondo de Ordenación, con unos intereses de demora del 1,3 por ciento, una medida que Galván consideró “muy beneficiosa” ya que supondría un ahorro de 25 millones de euros en diez años.
Respaldo de la oposición
PP, Ganemos, Ciudadanos e IULV-CA respaldaron la iniciativa del Gobierno, si bien los populares aprovecharon la ocasión para resaltar el “noviazgo absoluto” de la alcaldesa, Mamen Sánchez, con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. “Hasta no hace mucho tiempo decía que Montoro era lo peor que le podía pasar a Jerez y ahora va a terminar sacando con cum laude la asignatura Montoro”, ironizó.
El concejal popular aprovechó la ocasión para felicitarse por el hecho de que “una vez más” sea el Gobierno central el que plantee “medidas para ayudar a los ayuntamientos”, mientras lamentó que el PSOE andaluz “no haga caso” a Mamen Sánchez “porque a la Junta todavía no se la ha visto por aquí en materia financiera”.
Ganemos apoyó una iniciativa que persigue “cambiar deuda cara por otra barata”, pero no ocultó sus dudas de que el planteamiento que va a hacerse desde Jerez encuentre respuesta en el Gobierno central, ya que el Ayuntamiento “no cumple con el perfil” que se está demandando desde el ministerio. Tanto Ciudadanos como IULV-CA también respaldaron la propuesta del Gobierno local.
Vía libre a las ordenanzas fiscales
También hubo unanimidad en el otro asunto económico que se abordó en la sesión plenaria de ayer, el que supuso la aprobación de las ordenanzas fiscales del próximo ejercicio. Fue el grupo popular el que puso un mayor entusiasmo a la hora de respaldar la propuesta defendida por Santiago Galván, toda vez que según la concejal Lidia Menacho, estas ordenanzas mantienen el “modelo” que se había impuesto en esta pasada legislatura. “Estas son nuestras ordenanzas, porque es la actualización de nuestro propio modelo y mantiene lo que hacíamos cuando estábamos en el Gobierno. Es un modelo solidario y contributivo, que mantiene bonificaciones y el modelo de fraccionamiento que por primera vez se puso en marcha en la etapa del PP”, argumentó.
Como es sabido, el grueso de las tasas se congela a pesar de que el IPC adelantado de septiembre llevaría a una reducción de las mismas del 0,9 por ciento. En el único caso en el que se aplica esa caída del IPC es en el recibo del agua y alcantarillado, precisamente el concepto que no pasa al cobro el Ayuntamiento, sino la empresa Aqualia.
Se mantiene la bonificación del 1,5 por ciento de las cuotas tributarias por fraccionamiento en el plan personalizado de pagos y la ampliación del espacio temporal de uso de la zona naranja, que pasa de 30 a 60 minutos.
La campaña electoral se cuela de lleno en el Pleno
Buena parte del desarrollo de la sesión se asemejó más a un debate electoral a cinco que a un Pleno municipal en el que se supone deben atenderse fundamentalmente a aquellas cuestiones cuyas competencias recaen en el Ayuntamiento. El Gobierno apenas defendió un par de asuntos de verdadero calado, la ya comentada solicitud de nuevas medidas de apoyo al Ministerio de Hacienda y la preceptiva aprobación de las ordenanzas fiscales.
A partir de ahí, el orden del día fue configurado en la práctica por los grupos de la oposición, que no dejaron pasar por alto la oportunidad de trasladar al ámbito local asuntos más propios de otras esferas políticas. Así, Ciudadanos y el PP defendieron una propuesta encaminada a respaldar la unidad de España y la defensa de la Constitución ante la amenaza secesionista de Cataluña, contando con la ambigüedad del PSOE, que aprovechó para defender una reforma constitucional que derive en un Estado federal. Como era previsible, el debate fue tan extenso como estéril.
Algo parecido ocurrió cuando Ciudadanos expresó su rechazo al Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del suministro de energía eléctrica, o cuando el PP pidió que la Junta provincializara los presupuestos de 2016 para aclarar qué inversiones llevará a cabo en Jerez. El PP demandó también que los alumnos de la zona rural que cursan sus estudios de Primaria en centros Semi-D puedan hacer allí la Secundaria.
IULV-CA volvió a defender en el Pleno la necesidad de garantizar el suministro de agua potable a las familias más desfavorecidas y rechazó que las concesionarias de este servicio puedan reclamar el cobro de los recibos advirtiendo de la interrupción de ese suministro.
El Pleno aprobó además una propuesta conjunta en virtud de la cual el Ayuntamiento muestra su adhesión a la primera manifestación estatal contra las violencias machistas, que se celebrará en Madrid el 7 de noviembre y que está promovida por organizaciones y agrupaciones feministas de toda España.
Por último, en el transcurso de la sesión se supo que la Comisión de Auditoría de la Deuda iniciará su labor el jueves 5 de noviembre bajo la presidencia del portavoz de Ganemos, Santiago Sánchez, y con la idea de hacer una auditoría de los últimos doce años.
