La preocupación se ha instalado en la
cárcel de Alhaurín de la Torre después de que se hayan producido
en menos de un mes cuatro agresiones a funcionaros. Así lo ha denunciado el
sindicato CSIF después del último episodio vivido este mismo miércoles cuando
en el módulo de mujeres de la prisión
una funcionaria fue agredida por una interna que previamente había golpeado a su compañera de celda.
Así, la prisión Málaga I ha registrado cuatro agresiones físicas hacia funcionarios desde el pasado 17 de diciembre, ante lo que el sindicato independiente y de funcionarios ha subrayado “el
malestar y la incertidumbre que este incremento de la violencia hacia los trabajadores penitenciarios está provocando entre la plantilla”. Una realidad ante la cual, el sindicato ha registró un
escrito para la dirección del centro en el que reclama “una
reunión extraordinaria del Comité de Seguridad y Salud Laboral para abordar la situación, así como que se adopten
medidas urgentes para garantizar la seguridad de los trabajadores”.
Desde el sindicato han recalcado que este centro penitenciario “acumula cerca de
medio centenar de puestos vacantes en una plantilla de 471 funcionarios”, a los que “se suman actualmente
seis bajas de trabajadores a causa de la Covid-19”.
Ante esto, CSIF denuncia que “
no se han producido incorporaciones de personal” para cubrir las plazas vacantes ni las bajas registradas, sino que “el resto de la plantilla se ve
obligada a asumir la sobrecarga por los descubiertos”. Por ello, insisten en que esta “carencia de efectivos es inadmisible y tiene consecuencias nefastas sobre el desempeño profesional y las cargas de trabajo de las plantillas, que afrontan su trabajo diario con una enorme falta de medios y bajo una gran presión”.
Preocupan los drones
Por otra parte, han trasladado a la dirección del centro penitenciario la preocupación entre los trabajadores por la
presencia de drones que recientemente se ha detectado
sobrevolando la prisión para reclamar mayor información al respecto.
Además, el sindicato recuerda que ya el pasado octubre
reclamó al centro que se valorara la colocación de sistemas anti drones para evitar este tipo de sucesos, que “cada vez son más frecuentes para introducir drogas o móviles en recintos penitenciarios”.
Ante “la falta de información por parte de la dirección a los representantes de los trabajadores”, la central sindical
ha reiterado su petición para que se aborde en la próxima reunión del Comité de Seguridad y Salud Laboral con el fin de garantizar la protección de funcionarios e internos.
