'In vino veritas'. (En el vino está la verdad). Y así lo ha tenido que discernir la Audiencia Provincial de Málaga que ha resuelto mediante una sentencia de la Sección IV las diferencias entre dos empresarios malagueños y un grupo de inversión belga, que en el año 2017 decidió comprar unos viñedos y las nstalaciones de una bodega, situada en el término municipal de Cártama.
Su objetivo era introducirse en el sector vinícola local y hacer negocio, pero ello derivó en un pleito civil por el que los inversores extranjeros reclamaban daños y perjuicios a los vendedores locales por haberles entregado, a su entender, una producción inferior de botellas (alrededor de 6.000 anuales menos) de las que se publicitaban antes de la venta. Además, reclamaban por el supuesto mal estado de los viñedos que se transmitieron en dicha operación mercantil.
El desembarco de capital belga se acordó por parte de la entidad BSL International BVBA, con domicilio en Amberes, y después de establecer contactos comerciales con los dueños de la Bodega Sánchez Rosado S L, que unos años antes habían puesto en marcha la recuperación de viñas en la zona, que está dentro de la Denominación de Origen Sierras de Málaga. Se trataba de embotellar tintos, blancos y rosados con uvas cabernet sauvignon, syrah y moscatel, que se habían plantado en ese área donde siglos antes ya existió producción.
Para la materialización de la venta, según se recoge en dos sentencias de los Juzgados de Primera Instancia 7 y 17 de Málaga, que se han pronunciado por este pleito, las dos partes acordaron a petición del fondo belga que se constituiría una sociedad (Bodega Sánchez Rosado) a la que se transmitirían las acciones de la industria de elaboración de los caldos, y mediante un segundo contrato se efectuaría la venta de las fincas con las vides, situadas en el término de Cártama.
El primer documento de compraventa se firmó ante notario el 31 de enero de 2017, mientras que el segundo se formalizó posteriormente, el 25 de abril, con la entidad Larream Partners S L, estableciéndose como condición por los inversores belgas la retención durante seis meses de 15.000 euros, de los 500.000 que costó toda la operación. Esta fianza se pactó en "garantía del buen funcionamiento de las instalaciones y explotación, así como para la entrega de las licencias y autorizaciones" administrativas que se pedían para poder continuar con el negocio vitivinícola.
DIFERENCIAS AL ENTRAR
Sin embargo, a las pocas semanas, los inversores de Amberes argumentaron ante la Justicia que cuando "tomaron posesión se constató que la capacidad de producción máxima era de 6.330 botellas, muy inferior a lo pactado", por lo que la cantidad retenida debía quedarse para los nuevos propietarios. Alegaron también que varios de los vinos procedentes de la cosecha de 2014 "no se podían vender por una alta oxidación y color muy intenso", lo que comprendía 225 botellas, así como otras tantas de tintos que carecían de identificación, tanto de año de la cosecha como de la fecha de su envasado.
Finalmente BSL International BVBA sumó a sus motivos para no devolver los 15.000 euros la falta de depósitos para poder tener una producción total anual de 12.000 botellas, que era lo recogido en el contrato, por lo que estimaba en 49.756 euros, con el lucro cesante, lo que los bodegueros malagueños echazaron pagar terminando las diferencias en los tribunales.
Pero la Audiencia Provincial no les ha dado la razón en una sentencia reciente, rechazando el argumento de desconocimiento del sector que dijo la parte belga. "La entidad no se limitó a la mera compra de inmuebles (....) sino a comprar una industria en funcionamiento, y era sabedora y estuvo plenamente asesorada sobre lo que adquiere", interviniendo para ello no sólo un abogado español, sino también un enólogo, que visitaron ambos en diferentes días las instalaciones antes de la transmisión.
"No podemos olvidar que estamos ante la compra de un negocio que se adquiere como unidad patrimonial con vida propia y con elementos materiales que están funcionando, por lo que las alegaciones de desconocimiento previo de lo que se compraba, o de la falta de comprobación de su funcionamiento, no son asumibles", dicen los tres magistrados de la Sección IV de la Audiencia de Málaga, que condenan a la mercantil belga a devolver la cantidad retenida, otros 50.000 euros por una replantación de viñedos en dos fincas, y 1.025 euros más por el aval bancario prestado por los bodegueros malagueños ante el Ayuntamiento de Cártama, y que tenía como fin la utilización del suelo no urbanizable. Imponen, finalmente además, las costas al grupo belga.
Tras estas vicisitudes judiciales, la actividad de la bodega, enclavada entre el valle del Guadalhorce y la cara sur de Sierra Llana, continúa con jornadas de enoturismo y la producción de blancos moscatel seco, tintos crianzas y reservas Cártimas Siglo XXI, en barricas de 12 y 18 meses, y rosados bajo la marca La Bella Jarifa (2021).
