Una joven de 20 años ha sido detenida por agentes de la Policía Nacional como presunta autora de un delito de simulación y otro de estafa, al denunciar que le habían robado el móvil en plena calle con el supuesto objetivo de que el seguro le cambiara el teléfono.
A mediados del pasado noviembre, la joven presentó una denuncia en las dependencias de la Comisaría de Fuengirola (Málaga), en la que explicaba detalladamente que había sido víctima de un robo por parte de un hombre, que le arrebató el móvil, lo que hizo que ella cayera al suelo y se lesionara. Tras ello, dio parte a la aseguradora, que le indemnizó con la restitución del dispositivo.
Fruto de las gestiones realizadas, los investigadores del Grupo de Investigación de Delincuencia Urbana de esta comisaría, han constatado que en el día y a la hora en que ocurrieron los hechos denunciados, la chica se estaba examinando en la Universidad de Málaga (UMA), donde es alumna. Supuestamente fue otro estudiante quien se apoderó del teléfono que la joven se había dejado en el aula mientras realizaba la prueba en otra clase distinta.
Finalmente, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, las pesquisas llevaron a los investigadores a determinar que los hechos no se habrían producido según había dicho, denunciando un robo con violencia en lugar de un hurto, para, de esta manera, poder dar parte a su aseguradora y cobrar la indemnización correspondiente.
Desde la Policía Nacional han recordado que la simulación de un delito, la falsedad de lo narrado en una denuncia, acaba aflorando gracias a la investigación y han señalado que principalmente se denuncian falsos robos con fuerza o con violencia e intimidación o estafas. Este tipo de fraude es utilizado, generalmente, para estafar a las compañías aseguradoras.
Además, si durante la investigación, que conlleva una movilización de medios personales y de recursos materiales que se detraen de otras tareas, se demuestra que una denuncia es falsa, la supuesta víctima se convierte en autora de una infracción penada en el Código Penal.
Estas conductas suponen una distracción de las funciones de prevención y persecución del delito que tiene encomendada la Policía Nacional y, debido al incremento de estos ilícitos penales, la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental ha establecido un protocolo para reclamar los gastos a los simuladores de hechos delictivos, que de media están alcanzando de 600 a 1.000 euros.
