El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Málaga ha fallado contra la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, anulando una resolución por la que "impone una reducción de jornada" a un profesor de Latín del IES Sierra Bermeja de esa localidad sin haberla solicitado él con carácter previo, a la vez que condena a la Administración autonómica en costas por "mala fe procesal".
La sentencia, con fecha de 16 de julio de 2018 estima el recurso contencioso administrativo presentado por el abogado del profesor perjudicado contra la resolución dictada por la Consejería en septiembre de 2016 por la que, sin haberse solicitar por el docente, se reducía la jornada del recurrente, funcionario de enseñanza secundaria con la especialidad de Latín en un tercio.
De esta manera, en la sentencia, que es firme y no admite recurso, el juez declara la nulidad de la resolución de la Junta por ser contraria a derecho y además impone el pago de las costas a la Consejería en su totalidad por "la mala fe procesal", precisando que la representa legal de la Junta "no entregó" al juzgado el expediente administrativo, pese a que "dijo tener a su disposición" el mismo, "con el consiguiente perjuicio que ello implica al derecho de la defensa del contrario".
Así, y a través de un comunicado, la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) asegura que al profesor "se le privó primero de horario suficiente de su especialidad (previa decisión de la dirección del centro de restringir o limitar arbitrariamente la elección, por parte de los alumnos, de las asignaturas troncales de su departamento), para después aplicarle de oficio una reducción de jornada no solicitada, impidiéndole en todo momento la opción legal, a la que tenía pleno derecho, de completar horario de su especialidad en otro centro de Málaga".
"Todo ello a pesar de existir, como así ha quedado acreditado por el demandante y remarca de un modo certero el juez en su sentencia, horas de Latín, Griego y Cultura Clásica en varios centros de la localidad, y del conocimiento que los servicios de Planificación y de Gestión de Personal de la Delegación malagueña tenían de esta circunstancia", añade.
APIA asegura también que la sentencia desgrana "el lamentable comportamiento" de los responsables de la Consejería de Educación "que, en un desprecio intolerable hacía uno de los poderes de nuestro Estado de Derecho, una vez interpuesta la demanda, hicieron caso omiso de las reiteradas peticiones del expediente administrativo, completamente desoídas, y se permitieron el exceso de no comparecer siquiera en el acto de la vista, retrasada en dos ocasiones por este motivo".
Para APIA, la actuación de la Delegación territorial de Málaga "s enmarca dentro de la razia emprendida desde hace decenios por la Consejería, en el contexto de la Enseñanza Secundaria, contra los saberes en general y contra las lenguas clásicas en particular, agudizada tras la entrada en vigor de la nueva reglamentación autonómica en 2010, que ha propiciado un grado de arbitrariedad sin precedentes conocidos".
Asimismo, la Plataforma Educativa 'Escuela Con Clásicos' asegura en un comunicado que "una vez más, como se visibilizara recientemente en el IES Abdera de Adra (Almería), y como ocurre en otros institutos españoles, la administración de turno, con el único fin de ahorrar personal, atropella sin el menor rubor la norma que garantiza el derecho fundamental del alumnado a estudiar lo que necesita para acceder a sus grados universitarios, llevándose por delante, en este caso, los derechos laborales y las retribuciones de un profesor que se niega a incumplir el Real Decreto sobre atribución docente aunque se lo ordene la propia Administración".
La plataforma y el resto de organizaciones convocantes de la concentración celebrada el pasado 8 de septiembre en Madrid en defensa de la impartición de las lenguas clásicas en los institutos de Educación Secundaria, "advierten a todas y cada una de las administraciones educativas autonómicas que han puesto en marcha una campaña de detección, publicación y emprendimiento de acciones legales ante los casos en los que se vulneran las normas autonómicas y estatales, que han de ser respetadas por todos".
