Un joven de 30 años ha sido condenado por un delito continuado de producción de pornografía infantil y coacciones a 41 menores tras hacerse pasar por una sexóloga, en unas ocasiones, y, en otras, por otra menor para obtener fotos íntimas en redes sociales, especialmente en Tuenti.

El acusado se ponía en contacto con las menores y tras ganarse su confianza terminaba conversando con ellas y las incitaba a masturbarse y a enviar imágenes íntimas, según la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, a la que ha tenido acceso Efe.

Posteriormente las coaccionaba a fin de que les remitieran fotos o se exhibieran ante la cámara web con las que les grababa.

El ahora condenado tenía en su perfil una foto de una menor "con cara muy simpática y atractiva y de unos caballos", lo que daba apariencia de no esconder nada malicioso.

También se hizo pasar por una chica de 20 años, con estudios de psicología-sexología para ganarse la confianza de las menores a las que le preguntaba si se depilaban y tras recabar información las amenazaba y coaccionaba, para que se desnudaran o publicaría en su perfil las confidencias.

En una entrada y registro le detectaron 64 archivos con fotos y vídeos de niñas entre 13 y 17 años mostrando su cuerpo total o parcialmente desnudo así como otras imágenes de tema sexual y fragmentos de las conversaciones con las víctimas.

El procesado, natural de Asturias y que cuando ocurrieron los hechos tenía 22 años, durante el juicio reconoció los hechos y se ha conformado con la petición fiscal.

El tribunal lo ha condenado a dos años de prisión por un delito continuado de pornografía infantil, con la medida de libertad vigilada durante seis años así como inhabilitación por el plazo de seis años para el ejercicio de cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores.

También ha sido condenado por 41 delitos de coacciones a menores a tres meses de prisión, por cada uno de ellos, y otros seis meses de cárcel por un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Además se le prohíbe aproximarse o comunicar con las víctimas durante diez años.