En una iniciativa no vinculante y que no obliga al Gobierno de Justin Trudeau, pero que le insta a una mayor acción contra Rusia
El Parlamento de Canadá aprobó por unanimidad declarar la invasión rusa de Ucrania como un acto de genocidio, en una iniciativa no vinculante y que no obliga al Gobierno de Justin Trudeau, pero que le insta a una mayor acción contra Rusia.
La propuesta aprobada este miércoles por la Cámara de los Comunes, que había sido presentada por la diputada Heather McPherson, del socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NDP), expone los actos de asesinatos de civiles, violación, torturas y secuestro atribuidos a las fuerzas invasoras rusas y asegura que constituyen un genocidio.
Canadá, que es uno de los principales aliados de las autoridades ucranianas desde la revolución de 2014 que derrocó al Gobierno prorruso de Viktor Yanukóvich, ha tomado medidas para facilitar la acogida de refugiados ucranianos, ha impuesto sanciones a Rusia y ha acelerado el envío de armas avanzadas a las fuerzas armadas ucranianas.
Tras la aprobación de la iniciativa no vinculante, McPherson criticó la lentitud en la aplicación de las sanciones a Rusia, pidió al Gobierno del primer ministro Justin Trudeau medidas más contundentes contra Moscú y se mostró satisfecha del apoyo de todos los grupos políticos a su propuesta.
"Esta es una herramienta para instar a nuestro gobierno a hacer más, para decir que el conflicto en Ucrania no ha terminado, que el apoyo que hemos estado proporcionando no ha sido suficiente y tenemos que hacer más por el pueblo de Ucrania", dijo la legisladora.
McPherson también abogó por un mayor apoyo económico a la Corte Penal Internacional para que cuente con los recursos necesarios para investigar el genocidio ruso en Ucrania.
A comienzos de mes, Trudeau aseguró que es correcto calificar de genocidio las acciones de Rusia en Ucrania, aunque dijo que demostrarlo jurídicamente será muy difícil.
Hace una semana, Rusia anunció sanciones individuales contra 61 ciudadanos canadienses, desde altos funcionarios a militares, empresarios, expertos y periodistas, en represalia por la política "rusófoba" del Gobierno de Ottawa y por el envío de "armas y mercenarios" a Ucrania.