El Comité de Dirección del PP de Madrid ha acordado presentar una iniciativa legislativa a través del Grupo parlamentario popular pidiendo al Gobierno que se modifique la Ley del Menor para que los menores que cometieron delitos graves como violaciones o asesinatos ingresen en prisión al cumplir 18 años.

Así lo anunció ayer la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, tras la reunión del Comité de Dirección de esta formación, donde señaló que asesinatos como los de Sandra Palo, Marta del Castillo o la pequeña Mari Luz Cortés causan una “gran indignación social” que debe ser escuchada por los políticos y que éstos deben poner remedio cambiando las leyes “con las modificaciones que corresponda”.

Aguirre, que expresó su “apoyo de corazón, su colaboración y su cariño” a la madre de Sandra Palo (que fue violada y quemada viva por El Rafita y otros tres jóvenes) ha dicho que asistirá a la manifestación que quiere organizar la familia de la joven y ha vuelto a pedir que se abra el debate a favor de la cadena perpetua “revisable” porque, a su juicio, la medida “no tiene nada de inconstitucional”.

Con la modificación de la Ley del Menor, ha continuado la presidenta, se pretende que los menores de edad que cometieron delitos “tan graves” como quemar viva a Sandra Palo después de violarla pasen a situación de “libertad vigilada” –que además, a su juicio, “no tiene nada de vigilada”– cuando agotan el tiempo máximo de internamiento lo que “enciende a la sociedad”.

Según Aguirre, se trata de que el Gobierno “estudie las modificaciones legislativas que tengan que hacerse para cambiar esta situación”, provocada por “ciudadanos que son adultos para asesinar y violar” y sin embargo, por su edad, se les considera menores para ingresar en prisión.

En el caso particular de El Rafita, ha subrayado que sus últimos delitos, pese a ser “menos graves y menos penados” que el asesinato de Sandra Palo, demuestran que el joven “no está rehabilitado”.

Por eso ha insistido en que el PP de la Asamblea exigirá un cambio legal para que sea el juez “quien decida en cada caso lo que va a ocurrir” con los menores delincuentes reincidentes cuando cumplen la mayoría de edad.