La fuerte tendencia de los jubilados europeos a no empadronarse, entre otras razones por miedo a tener que pagar impuestos, causa perjuicios “relevantes” a las arcas municipales y a la capacidad de los ayuntamientos y de otras administraciones españolas para planificar la dotación de servicios.

Esta es una de las conclusiones del estudio La migración y el registro de los jubilados europeos en España, editado por el Real Instituto Elcano y elaborado por Vicente Rodríguez y Paz Rodríguez, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y por Raúl Lardiés, de la Universidad de Zaragoza.

De los dos millones y medio de europeos (Unión Europea, más Suiza y Noruega) que residen en España, unos 460.000 superan los 55 años y casi 72.000 han cumplido los 75, superando en conjunto los 530.000.

Aunque acceden a servicios sociales municipales, los extranjeros retirados tienden a no empadronarse debido a su deseo de mantener sus derechos en su país, en previsión de un posible retorno. Además temen que los datos lleguen a la policía española, “lo cual llevaría (quizá) implícita la necesidad de cotizar y pagar impuestos en España, siendo eso sinónimo igualmente de perder ciertos derechos y beneficios en sus países de origen”.

En cuanto a su perfil, constituyen un conjunto de personas de edad no muy elevada; no tienen hijos o están libres de obligaciones para con el resto de la familia, y tienen suficientes recursos económicos, obtenidos a partir de una carrera laboral asentada en una formación académica media y superior.

Es un tipo de migración con una gran concentración espacial: más del 90% de los inmigrantes mayores de 55 años procedentes de dichos países se hallan en seis comunidades autónomas y dentro de ellas en solo ocho provincias (Almería, Málaga, Baleares, Las Palmas, Tenerife, Gerona, Alicante y Murcia).

Esta concentración espacial se aprecia en el ámbito municipal: el 44% de los municipios alicantinos tienen tasas superiores al 15% de población extranjera comunitaria, y la tasa sube al 24% en el caso de Málaga.

De acuerdo con este trabajo se desprende que la tendencia a no inscribirse es producto de una mezcla de ajuste de situaciones reales, de desinformación y/o desconocimiento y de prevención ante el contacto con la administración pública.