La Guardia Civil desmanteló una red que vendía documentación falsa a inmigrantes irregulares, por la que pagaban entre 12.000 y 15.000 euros, y ha detenido a 23 de sus integrantes, entre ellos un miembro de una asociación de inmigrantes y una funcionaria de un Ayuntamiento.

Según informó ayer la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, los miembros de la organización llegaron en alguna ocasión a exigir favores sexuales a mujeres para la entrega de la documentación.

Los agentes, en la denominada operación Harrag llevada a cabo en Navarra, Murcia y La Rioja, han intervenido además una gran cantidad de documentación falsificada.

Las investigaciones se iniciaron en abril del pasado año tras las sospechas que levantó en la Guardia Civil la documentación aportada en varias identificaciones por ciudadanos extranjeros y que permitieron descubrir una red dedicada a facilitar documentación falsa para la regularización de personas procedentes del Magreb.

La organización falsificaba certificados de empadronamiento, contratos de trabajo y nóminas de ciudadanos magrebíes, con la que solicitaban el permiso de residencia en España.

Los certificados de empadronamiento eran conseguidos en ocasiones por un miembro de una asociación de inmigrantes con sede en Tudela (Navarra).

La documentación era entregada a una funcionaria de un ayuntamiento de Murcia, conocida entre los investigados como La Señora, que se encargaba de expedir un certificado en el que constaba que el inmigrante había estado empadronado en distintos domicilios de la localidad durante el tiempo suficiente exigido para poder solicitar el permiso de residencia por arraigo social.

Una vez realizado el pago total del dinero exigido, entre 12.000 y 15.000 euros, la documentación era entregada a los inmigrantes.