El presidente catalán, José Montilla, ha trasladado personalmente a José Luis Rodríguez Zapatero y a Mariano Rajoy el clamor mayoritario de la clase política catalana para que procedan a renovar el Tribunal Constitucional (TC) y aparquen así la sentencia del Estatut para después de las elecciones autonómicas.

El TC fracasó ayer de nuevo en su quinto intento en más de tres años y medio de dictar un fallo sobre el Estatut, recurrido por el PP, el Defensor del Pueblo y cinco comunidades autónomas.

Esto ha llevado al TC a dejar en manos de su vicepresidente, Guillermo Jiménez, adscrito al sector conservador, la ponencia de la sentencia sobre el Estatut después de que la magistrada Elisa Pérez Vera –progresista– haya renunciado a elaborar un nuevo texto.

En este contexto, las principales autoridades institucionales de Cataluña y todos los partidos, menos el PPC y Ciutadans, han pedido con mayor o menor contundencia que el TC sea renovado, ya que gran parte de los magistrados han caducado su mandato o están a punto de hacerlo, y porque su actual composición no se pone de acuerdo sobre unos borradores de sentencia más tendentes a recortar el texto.

Veinticuatro horas antes de ser designado por el PSC candidato a la reelección, Montilla ha ofrecido una declaración institucional para afirmar: “Me dirigiré al presidente del Gobierno español y al líder del PP para exigirles que impulsen la renovación inmediata del TC para permitir que desarrolle con normalidad sus funciones”.

Pocos minutos después, Montilla llamó por teléfono a Zapatero para trasladarle la petición y, poco más tarde, hizo lo propio con el líder del PP, al que no encontró inicialmente puesto que volaba a Madrid.

En su visita a Girona, Rajoy recibió la petición de los empresarios de que retire el recurso contra el Estatut y el líder del PP se limitó posteriormente a reclamar “agilidad” para que el TC “resuelva ya” el recurso de su partido contra el Estatut.

La presidenta del PPC, Alícia Sánchez-Camacho, lamentó la demora del TC, pero ha defendido la plena “legitimidad” para emitir un fallo sobre el texto.

Por su parte, el presidente de CiU, Artur Mas, y el secretario general de la federación, Josep Antoni Duran Lleida, reclamó de forma solemne que un nuevo Constitucional analice el Estatut.

Duran fue el primero en emplazar al Govern a “interponer un recurso de recusación” contra los magistrados del TC con mandato caducado, mientras que Mas anunció que llevará al Parlament la recusación de estos cuatro miembros para lograr un pronunciamiento contundente.

Mas ha pedido que el Parlament “haga oír su voz” y no permita que miembros del TC, cuyo mandato ya ha expirado, “juzguen, peleados entre ellos, la voluntad entera del pueblo de Cataluña expresada en las urnas”, y denunció que cualquier recorte del Estatut avalado por los catalanes sería un “atentado contra la democracia”.

El mismo llamamiento a renovar el TC ha hecho el presidente del Parlament, Ernest Benach, y el conseller de Interior, Joan Saura, una opinión secundada también por el PSC, aunque el conseller de Economía, Antoni Castells, fue un poco más allá y ha opinado que el TC está “inhabilitado” para dictar sentencia.

Por su lado, el líder de ERC, Joan Puigcercós, pidió a CiU y PSC valentía para “dar un paso adelante” hacia la plena soberanía de Cataluña en lugar de seguir “perdiendo el tiempo esperando una sentencia” sobre el Estatut que, en cualquier caso, afirma, “supondrá una amputación” de la voluntad de los catalanes.

“España no escucha y ni tan sólo responde” porque el TC, al que ha calificado como el “tribunal más politizado de la historia de la democracia española”, resulta que “se bloquea”, sentenció el vicepresidente del Govern, Josep Lluís Carod-Rovira.

También se mostró contundente el secretario general de ICV, Joan Herrera, que cree que el TC “ha cerrado un ciclo” por su "incapacidad absoluta" para dictar una sentencia, por lo que ha reclamado la dimisión en bloque del TC.

El presidente de Ciutadans, Albert Rivera, en cambio, puso en la jornada de ayer la votación del pleno del Tribunal Constitucional como prueba de que el Estatut es “inconstitucional”.