La suspensión, acordada por unanimidad por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, y los diecisiete vocales presentes en el pleno extraordinario celebrado la mañana de ayer, es consecuencia directa de la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela de abrir juicio oral a Garzón por un delito de prevaricación por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.
Por la tarde, la Comisión Permanente debía estudiar la solicitud de Garzón de trasladarse durante siete meses a La Haya, pero ha aplazado su decisión a la espera de recibir nuevos informes con los que, entre otras cosas, pretende saber si tras la suspensión del juez la Fiscalía de la CPI mantiene su oferta laboral y si el puesto de consultor externo conlleva o no inmunidad y de qué tipo.
También ha preguntado a la sala de lo penal del Tribunal Supremo si la contratación de Garzón en el tribunal internacional afecta a las actuaciones que se tramitan en esa sala, que además de la que ha provocado su suspensión instruye otras dos querellas contra él, una por ordenar las escuchas del caso Gürtel y otra por la financiación por el Banco Santander de unos cursos que impartió en Nueva York.
Más rápido ha sido el CGPJ al notificar la suspensión cautelar –trámite imprescindible para hacerla efectiva–, que ha llegado a manos de Garzón minutos antes de las 20.00 horas.
Garzón, que deberá apartarse de su Juzgado hasta que se dicte sentencia, ha conocido la noticia de su suspensión mientras tomaba declaración al empresario Josep Singla, uno de los imputados en la llamada operación Pretoria, en la que investiga una trama de corrupción urbanística en Cataluña.
Lo ha contado a los periodistas el propio Singla, que ha dicho que sobre las 13.20 horas, y ante el aviso de una llamada “urgente” procedente del CGPJ, el juez le ha hecho salir del despacho junto a su abogado y al fiscal.
Pocos minutos después han vuelto a entrar y se ha reanudado la comparecencia con total normalidad, según el empresario, que añadió: “Por su lenguaje corporal, daba la sensación de que había recibido buenas noticias”.
Apenas media hora más tarde, sin embargo, Baltasar Garzón no pudo contener la emoción antes las muestras de apoyo y de afecto de los funcionarios de su Juzgado, del resto de los jueces de instrucción –y muy especialmente de Santiago Pedraz y de Fernando Andreu– y de miembros de la Fiscalía.
Las lágrimas asomaron a su rostro cuando –en compañía de su mujer, Rosario Molina– abandonaba el edificio de la Audiencia sobre las 14.00 horas entre los aplausos, los abrazos y los besos de decenas de personas que se agolpaban a la puerta de la sede judicial, a la que regresó por la tarde para recibir la notificación de su suspensión.
Garzón dejaba así atrás –de momento sólo provisionalmente– el Juzgado desde el que ha instruido algunas de las causas más importantes de la historia judicial española e internacional.
Los sumarios de los GAL –que terminaron con la condena en el Tribunal Supremo de un ex ministro del Interior–, las causas contra ETA y su entorno –que llevaron a la suspensión de actividades de Batasuna–, y las investigaciones sobre el terrorismo islamista en España, mucho antes del 11-M, están entre ellas.
Lo que le dio fama internacional, sin embargo, fue el procesamiento del dictador chileno Augusto Pinochet, con el que adquirió la condición de paladín de la Justicia universal, que ha dejado patente en otros sumarios sobre los crímenes contra la humanidad en Argentina, en el Sahara o en Guantánamo.
Entre sus últimas investigaciones, además de la de las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo, que está en el origen de su suspensión, figura el caso Gürtel, que permitió destapar una trama de corrupción ligada a cargos del PP y en el que Garzón sitúa la causa última de sus males.
El juez Garzón deja inconclusas en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional varias investigaciones, como el caso Faisán, el Pretoria o las torturas a los islamistas recluidos en Guantánamo.
