En un auto, al que ha tenido acceso Efe, Pedreira accede así a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, y decreta el sobreseimiento provisional de la causa respecto a José Tomás, al considerar que no consta el conocimiento por parte del sastre “de la finalidad de las compras efectuadas por los imputados, así como si se correspondían o no con gastos propios de las empresas que representaban”.
José Tomás, que ha prestado declaración en varias ocasiones en la causa, tanto en Madrid como en Valencia, trabajó para las tiendas Milano y Forever Young, en las que asegura que atendió, entre otros, al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, para quien confeccionó varios trajes a medida supuestamente pagados por la empresa Orange Market, perteneciente a la trama Gürtel.
El sastre estaba imputado por falsedad documental precisamente en relación con las facturas libradas por esas prendas de ropa, pero el juez sostiene que las investigaciones han determinado “una duda importante en relación con la autoría de la falsedad en el seno de los establecimientos en los que aquel trabajó”.
Otro de las razones por las que Pedreira ha acordado levantar la imputación a José Tomás es que las diversas declaraciones prestadas en la causa han confirmado la conclusión de la sentencia del Juzgado de lo Social número 8 de Madrid, que el 13 de julio de 2009 declaró improcedente el despido del sastre de Forever Young.
Esta empresa había alegado para despedirle que había compras a crédito sin cobrar por 60.309 euros, que firmó facturas que no se correspondían con la realidad y que existían devoluciones no justificadas.
Sin embargo, Pedreira se remite a la citada sentencia para concluir que Tomás no tenía encomendada la labor de facturación de los establecimientos en los que trabajaba.
El instructor del caso Gürtel ha retirado también la imputación que pesaba sobre otras nueve personas, entre las que se encuentra el empresario colombiano Miguel Uriel Hernández Chavarro.
Hernández, que llegó a ser detenido en Madrid el pasado 1 de julio, reconoció ante el juez que desde 2008 buscaba inversiones inmobiliarias en Colombia por encargo de Francisco Correa.
