El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró ayer que el Ejecutivo dialogará con las asociaciones de jueces para analizar su situación, pero advirtió de que su objetivo será defender el interés general y que no habrá subidas salariales por encima de las presupuestadas. 

Zapatero, en una entrevista a Onda Cero, refutó que las críticas del Gobierno a la sanción impuesta a Rafael Tirado sean la causa del enfrentamiento con las asociaciones judiciales, pero sugirió que desde el caso Mari Luz se han escuchado pronunciamientos judiciales que antes no se oían. 

El presidente insistió en que el Ejecutivo está en su legítimo derecho y en su deber de discrepar públicamente sobre la multa impuesta por el Consejo General del Poder Judicial y reiteró que habrá reformas legales para precisar la responsabilidad de los jueces, que son un poder independiente pero también servidores públicos. 

Sin embargo, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, aseveró que el caso del juez Tirado “está flotando” en las protestas de los jueces, que han amenazado con una huelga para el 26 de junio si no se atienden sus reivindicaciones. 

En declaraciones a la Cadena Ser, Bermejo afirmó que el origen de las protestas de las cuatro asociaciones judiciales, que convocaron el lunes un acto reivindicativo para el 18 de febrero, está en el malestar suscitado por las declaraciones del Ejecutivo a favor de aumentar la multa de 1.500 euros que el CGPJ impuso a Tirado por el caso Mari Luz. 

En opinión del ministro, los jueces no deberían poder ir a la huelga, ya que, al ser titulares de un Poder del Estado, no pueden permitirse ese “lujo”, porque es una “traición” al mandato de los ciudadanos, aunque matizó que es el CGPJ el organismo que debe tomar una decisión al respecto. 

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García calificó de “populachera” y “decepcionante” la reacción de Bermejo, quien, a su juicio, sólo intenta que los jueces queden como “los malos de la película”. 

Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Miguel Ángel Gimeno, aclaró que la decisión de convocar un acto de protesta para el próximo 18 de febrero se ha adoptado “una vez que se ha concluido” el asunto del juez Tirado. 

El portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, pidió a Bermejo y al presidente del CGPJ, Carlos Dívar, que reciban a las asociaciones judiciales para discutir sus peticiones, con las que dijo estar de acuerdo porque están orientadas a dotar de medios materiales la Administración de Justicia. 

Sobre la amenaza de huelga, Trillo recordó que el PP no la apoya por considerarla “mala para un Estado de Derecho”, pero sí defendió a la plataforma reivindicativa de jueces y magistrados frente al “desprecio” con el que, dijo, las ha tratado el ministro. 

El vocal del CGPJ Manuel Torres Vela manifestó que no cree que en la actualidad se den las condiciones necesarias para convocar la huelga de los jueces, y anunció que lo más prudente es dejar que dicho órgano trabaje en un plan de modernización que recoge las reivindicaciones de la carrera judicial. 

El diputado de IU, Gaspar Llamazares, puntualizó que la Constitución no recoge ninguna limitación al derecho a la huelga, pero subrayó que no deja de ser “llamativo” que las mismas organizaciones que eligieron el CGPJ sean las que convocan la protesta. 

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, culpó a Bermejo de los problemas del sistema judicial y rechazó el argumento del ministro sobre el caso del juez Tirado como detonante. 

El PSOE de Huelva calificó de “vergonzosa” la actitud del juez Rafael Tirado de llamar a los jueces a la huelga, mediante un correo corporativo judicial en Internet remitido el pasado lunes.