El Gobierno de España pedirá a las entidades financieras que refuercen el control de las operaciones que realicen los altos cargos y los representantes electos de la Administración Pública, así como las de sus familiares más próximos y allegados, para prevenir el blanqueo de capitales. 

Así consta en el borrador del anteproyecto de ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, actualmente en trámite de audiencia pública. 

En un encuentro con los medios de comunicación, la directora general del Tesoro y Política Financiera, Soledad Núñez, dijo que el anteproyecto de ley, que sería la tercera norma sobre esta materia, supone un cambio de filosofía en lo que a la prevención del blanqueo de capitales se refiere, ya que introduce un mayor análisis del riesgo de los clientes de las entidades financieras y de crédito. 

Las entidades ya están obligadas a tener identificados a todos los clientes y a comunicar a las autoridades cualquier operación sospechosa, si bien en el nuevo anteproyecto de ley se establecen medidas reforzadas de control para las “personas del medio político” por considerar que tienen asociado un riesgo superior al promedio.

En este caso, será necesario llevar a cabo un seguimiento reforzado y permanente de su operativa, y adoptar las medidas adecuadas para determinar el origen del patrimonio y de los fondos con los que realiza sus negocios u operaciones.

Las entidades financieras y de crédito no son los únicos "sujetos obligados" a aplicar las medidas de prevención del blanqueo de capital y financiación del terrorismo, aunque son las que informan del mayor número de operaciones sospechosas, pues tienen mayor capacidad para detectarlas.

La ley en vigor ya incluye como sujetos obligados a una serie de colectivos profesionales como joyeros, anticuarios, agentes de la propiedad inmobiliaria o notarios, a los que el nuevo anteproyecto de ley añade los registradores de la propiedad y los proveedores de servicios a empresas.

Por otra parte, el anteproyecto perfila también la creación de un sistema de localización de activos financieros, para facilitar la búsqueda de cuentas que deban ser bloqueadas por mandato judicial.