El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz volvió en el día de ayer a procesar a los tres militares de Estados Unidos implicados en la muerte del cámara de Telecinco José Couso en la ciudad de Bagdad (Irak) el 8 de abril de 2003, después de que la sala de lo penal de este tribunal revocara el procesamiento que dictó contra ellos en 2007. 

Así lo ha acordado el magistrado en un auto dictado después de haber recibido recientemente la declaración por escrito como testigos de los ex ministros de Defensa Federico Trillo y de Exteriores Ana Palacio, al estimar que existen “indicios racionales” de criminalidad contra los militares estadounidenses. 

Pedraz ya había procesado el 27 de abril de 2007 al sargento Thomas Gibson y sus superiores, el teniente coronel Philip de Camp y el capitán Philip Wolford, por los delitos de asesinato con alevosía y contra la comunidad internacional, aunque ahora mantiene este último y los procesa por homicidio. 

El magistrado recuerda que Gibson fue el autor material del disparo, quien cumplía la orden de Wolford (al mando de la unidad) y al que se la comunicó el tercer implicado, el teniente coronel De Camp, jefe del regimiento de blindados. 

Pese a la decisión de la sala de lo penal, el juez Pedraz reactivó la causa y citó a declarar a Federico Trillo y a Ana Palacio, así como a testigos directos de los hechos, además de pedir al Ministerio de Defensa que designara dos expertos en armamento para determinar la “capacidad destructiva” del proyectil lanzado desde el carro de combate contra el Hotel Palestina, donde murió Couso y el reportero de la agencia Reuters Taras Protsyuk. 

En su resolución, el juez señala que “la explicación norteamericana en la nota remitida resulta escasa y genérica, sin datos concretos; además de cuestionable, porque se contradice con otras diligencias, (...) e incluso se contradice en sí misma, así como con otras explicaciones norteamericanas”. 

Las autoridades de Estados Unidos explicaron al magistrado que el ataque se produjo “en defensa propia”, ya que se disparó sobre un supuesto tirador “en una respuesta medida, proporcionada y justificada” y que dicha acción era “completamente acorde a las reglas de combate”. 

En este sentido, Pedraz entiende que esta razón “no sería válida” porque, según los testimonios de los periodistas allí presentes, antes del disparo era un “momento de aburrimiento, en el que no había nada que grabar”, por lo que todos estaban asomados a la ventana, y, además, aseguraron que “no hubo ni un disparo durante los tres cuartos de hora que el tanque estuvo parado” frente al hotel. 

“No es que se ponga en duda (la razón dada por Estados Unidos) sino que es necesario aclararla y ampliarla, más a ello se han negado las autoridades norteamericanas”, añade el juez, que considera además que el delito existe ya que el sujeto, pese a que hubiera la posibilidad de que no fuera un tirador, sino población civil, “dispara aceptando esa posibilidad y con ello acepta herir o matar civiles”. 

Además, Pedraz, que no dicta ahora órdenes de busca y captura contra los tres militares –tal y como hizo al procesarlos anteriormente–, advierte que de “darse por buena” la explicación de Estados Unidos “el atacante que no sea capaz de distinguir en un conflicto armada, quedaría inmunes, con lo que los Convenios de Ginebra no valdrían para nada” porque eso significaría que “en la guerra todo vale”. 

Cuando la sala de lo penal, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, revocó el anterior procesamiento –no ordenó archivar la causa–, argumentó que “no era descartable” que el disparo que provocó la muerte de Couso se hiciera con el convencimiento de que se dirigía contra “un elemento hostil, erróneamente identificado” y enmarcado en un “acto de guerra”.