El Gobierno, en boca del secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, no descarta la posibilidad de cerrar Garoña a pesar de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), en un informe, se muestra a favor de ampliar su funcionamiento si refuerza la seguridad, un dictamen que los ecologistas tachan de vergüenza.

La presidenta del CSN, Carmen Martínez Ten, dio a conocer ayer los pormenores de la decisión que el pleno del Consejo tomó el pasado viernes de avalar la continuidad por diez años más de la central nuclear burgalesa, un órgano que, no obstante, exigió a la instalación que aumente su seguridad.

El dictamen del CSN no es vinculante para el Gobierno, que tiene un mes para hacer pública su decisión sobre Garoña.

“No hay nada que se haya descartado y cualquier posibilidad está abierta”, aseguró Marín, quien ha puntualizado que el documento del CSN entró en el Ministerio de Industria el pasado viernes a última hora, por lo que será hoy cuando empiecen a estudiarlo.

Este texto será estudiado con detalle por el Ejecutivo, según Marín, quien añadió que la decisión final sobre el futuro de la central será adoptada por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y que, dada la relevancia del asunto, podría elevarla al Consejo de Ministros, aunque no está obligado a hacerlo.

Tal y como ha detallado Martínez Ten, el informe del CSN exige a la instalación, cuya actual licencia de explotación acaba el próximo 5 de julio, dos años antes de que expire su vida útil, que introduzca modificaciones de diseño para reforzar la seguridad y cumplir la normativa más moderna exigida por el órgano regulador.

Este informe “condicionado” del CSN, que se aprobó por unanimidad, impone al titular de la planta (la empresa Nucleanor, participada por Endesa e Iberdrola) 15 condiciones, que incluyen tanto las aplicables a todas las centrales como las específicamente identificadas para Garoña.

Establece, además, unos plazos para cumplir las condiciones y en caso de que no fuera así, el CSN podría proponer al Gobierno revocar la licencia.

Entre las condiciones impuestas para la continuidad de la central figura la de instalar antes de 2011 un nuevo sistema de tratamiento de gases radiactivos en caso de accidente, así como mejorar la protección contra incendios de equipos y sistemas de seguridad, antes del año 2013.

Carmen Martínez Ten subrayó que el informe se ha basado “únicamente” en aspectos técnicos y fue ajeno a consideraciones de política energética.