En su escrito, el abogado de Garzón justifica esta petición en la inexistencia de delito en la actuación de su representado en la causa en la que acordó investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.
“Sólo con dificultad puede soportar el papel la afirmación de que Garzón actuó con la intención de ser injusto ¿Cómo se podrá sostener tal cosa? Habría actuado de forma injusta si hubiera desamparado a las víctimas que reclamaban justicia; si les hubiera denegado su derecho a saber; si se hubiera negado, en fin, a admitir unas denuncias que recogían gravísimos hechos delictivos”, señala.
El abogado Gonzalo Martínez-Fresneda añade que “el único empeño y objetivo de mi representado fue otorgar la tutela judicial debida a las víctimas”.
Tras admitir la existencia de un “considerable debate jurídico” sobre la ausencia de respuesta a las víctimas y de investigación de unos crímenes “horrendos”, dice que “habrá quien opine que (Garzón) actuó de manera incorrecta y que fue demasiado lejos, de la misma forma que hay quien piensa que se quedó corto en su conducta”.
“En cualquier caso, en el marco de ese debate todavía en fase de consolidación y desarrollo doctrinal, resulta completamente irrazonable pretender que sólo hay una interpretación posible de la Ley”, concluye.
La defensa de Garzón presentó ayer un segundo escrito al Supremo en el que solicita que se deniegue la práctica de las pruebas solicitadas por las acusaciones.
El letrado considera que el texto de una conferencia que Garzón pronunció en Bogotá (Colombia) en 2006, en la que se refirió a la Convención Internacional para la Protección de las Personas Desaparecidas; el archivo en 1998 de una querella por los crímenes de Paracuellos y las normas de reparto de la AN son “innecesarias y perjudiciales” y “ajenas al objeto de esta causa”.
