Filipinas cierra 21.173 tiendas de lotería, prohibida por Duterte

La Policía Nacional de Filipinas ha cerrado un total de 21.173 tiendas de lotería del país, después de que el presidente Rodrigo Duterte prohibiera esos juegos de azar por corrupción dentro de la oficina estatal que regula esas actividades.

El jefe de la Policía, Oscar Albayalde, apeló anoche a los locales de juego operados por la Oficina de Sorteos de Caridad de Filipina (PCSO, por sus siglas en inglés) a suspender voluntariamente su actividad si las autoridades no han acudido todavía a entregar la orden de cierre.

Agentes de la policía han clausurado estos establecimientos durante el fin de semana después de que Duterte ordenara la noche del viernes el "cierre inmediato" de los locales operados por la PCSO, a la que acusó de "corrupción masiva".

Según el presidente, los contratos del PCSO -cuyos fondos se supone que van destinados a organizaciones caritativas y a financiar programas de salud- "estaban llenos de trampas y se hicieron en favor de otras corporaciones y personas".

"No cumpliré ninguna orden de ningún tribunal que nos detenga o nos exija detener nuestro deseo de abrir una investigación por la corrupción masiva en la PCSO", señaló Duterte al anunciar su polémica decisión.

En marzo, Duterte despidió al gerente de la PCSO, Alexander Balutan, por presunta corrupción a la luz de una investigación del Congreso sobre anomalías en la organización benéfica estatal.

La actual gerente de la PCSO, Royina Garma, apuntó que la agencia cumplirá con la orden presidencial, pero pidió al mandatario reconsiderar su decisión, ya que la lotería genera "enormes ingresos que se han utilizado principalmente para programas de salud pública y actividades benéficas".

En 2018, la PCSO -agencia abierta en 1954- tuvo unos ingresos récord de 63.500 millones de pesos (más de 1.000 millones de euros), un 20 por ciento superior al año anterior.

La lotería estatal se lanzó a mediados de la década de los 2000 para erradicar un juego ilegal muy popular entre la clase trabajadora conocido como "jueteng", cuyos ingresos se utilizaban ampliamente para sobornar a policías y políticos.

En su primer año ingresó más de 3.000 millones de pesos (unos 53 millones de euros) y generó 62.500 empleos legales a trabajadores pobres que vivían del "jueteng".