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Rechazan indemnizar a etarras heridos o muertos en la dictadura

El pleno del Congreso ha rechazado una iniciativa del PNV que instaba al Gobierno a no restringir la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y permitir que los familiares de los etarras que fueron fusilados o heridos durante la dictadura cobren indemnizaciones, como el resto de las víctimas.

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El pleno del Congreso ha rechazado una iniciativa del PNV que instaba al Gobierno a no restringir la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y permitir que los familiares de los etarras que fueron fusilados o heridos durante la dictadura cobren indemnizaciones, como el resto de las víctimas.

La moción consecuencia de interpelación, defendida por el diputado vasco Aitor Esteban, ha sido rechazada por 318 votos en contra y con 23 votos a favor, del PNV, CiU, ERC-IU-ICV y Coalición Canaria.

Esteban ha justificado su iniciativa alegando que el desarrollo de la Ley está siendo “decepcionante” por la falta de impulso del Gobierno, y que incluso ha sufrido algún “retroceso” durante su aplicación respecto a lo que se había “entendido” en el debate parlamentario previo a su aprobación.

Se refería al hecho de que familiares de personas integradas en bandas armadas antes de la Ley de Amnistía no cobren indemnizaciones, cuando “no sabemos si después de la amnistía hubieran seguido en ETA o no” y, en su opinión, habría que concederles “el beneficio de la duda”.

En este sentido, Esteban ha pedido al Gobierno que “no confunda el tiempo actual con el tiempo de la dictadura”.

Juicio contra ‘Josu Ternera’

El Tribunal Correccional de París dejó visto para sentencia el juicio contra el histórico dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea Josu Ternera y su hijo Egoitz Urrutikoetxea, después de que la fiscal solicitara para ellos 7 y 4 años de prisión, respectivamente, por asociación de malhechores.

Ambos fueron juzgados en rebeldía, al encontrarse en paradero desconocido desde hace años. Además de la prisión, la fiscal Catherine Sorita-Minard, reclamó para Josu Ternera su expulsión definitiva de territorio francés una vez haya concluido su condena y que se mantenga la orden de arresto europea emitida en su contra.

En el caso de Egoitz, de quien subrayó que desde muy joven “siguió el camino de su padre”, también pidió que se mantenga efectiva la orden de arresto europea.

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