Los profesores de todos los cursos educativos y los estudiantes universitarios de Italia deberán contar con el certificado sanitario de la COVID-19 a partir del próximo septiembre, según acordó hoy el Gobierno en el Consejo de Ministros.

"La elección del Gobierno es apostar por el certificado para evitar cierres y proteger la libertad", explicó el ministro de Sanidad, Roberto Speranza, tras la aprobación de este decreto ley.

Por otro lado, el certificado, que demuestra haber recibido al menos una dosis de la vacuna, haber pasado la enfermedad o tener una test negativo, será obligatorio desde mañana para consumir dentro de bares y restaurantes o acceder a cines, gimnasios o grandes eventos.

El Gobierno de Mario Draghi, la coalición de prácticamente todos los partidos del Parlamento formada para dirigir el país durante la crisis, se reunió este viernes para extender el uso del certificado en el ámbito educativo y el de los transportes.

En el primer caso, se ha decidido por volver a la educación presencial y no a distancia y para ello todos los profesores deberán disponer del certificado sanitario, tanto de la escuela como de la universidad, y en este último caso, también los estudiantes.

Los profesores de la escuela primaria y secundaria que no lo presenten serán suspendidos y dejarán de recibir sueldo a partir del quinto día de ausencia, que será considerada "injustificada", explicó en la rueda de prensa el ministro de Educación, Patrizio Bianchi.

En el caso de las Universidades, la sanción dependerá de los rectores porque cuentan con estatuto de autonomía, precisó.

"Debemos volver a vivir la escuela en plena presencia y la vacunación es el único modo para hacerlo", defendió el ministro, que en cualquier caso dijo que las cifras de vacunación entre los profesores son muy altas.

En el caso de los transportes, el certificado será obligatorio en algunos transportes públicos pero no en todos, una hipótesis que se había planteado y que había suscitado gran debate.

El documento será obligatorio para subir a un avión en Italia y para usar las naves y barcos que conecten regiones de la península, excepto los que unen el estrecho que separa Calabria, la punta de "la bota italiana", con Messina, en la isla de Sicilia (sur).

También se pedirá el certificado en los trenes de larga distancia entre ciudades, en los trenes cama y en los autobuses que crucen más de dos regiones, informó por su parte el ministro de Transportes e Infraestructuras italianos, Enrico Giovannini.

"Si el país ahora puede evitar los cierres, si la gran parte de países europeos, a pesar de los números significativos de contagios, como los de España o Francia, no estamos cerrando, es simplemente porque tenemos la vacuna", alegó el ministro de Sanidad, Roberto Speranza.

Con más de 70 millones de dosis suministradas, en Italia 33,6 millones de personas ya han completado la pauta de la vacuna, es decir, el 62,23 % de la población mayor de los 12 años de edad, según cifras actualizadas del Ejecutivo.

El Gobierno de Mario Draghi, apoyado por todos los partidos del Parlamento para gestionar esta crisis, excepto por la ultraderechista Hermanos de Italia, generalmente se divide entre los partidarios de las medidas de rigor, sobre todo la izquierda, y los que abogan por un control más laxo y mayores aperturas, como la derecha.

El decreto ley fue aprobado por unanimidad, algo que a juicio de Speranza, de la izquierdista Libres e Iguales, no demuestra la victoria de una u otra facción, sino que es "el triunfo del país".