La Delegación Territorial de de Salud y Familias solo ha cobrado 69 multas por incumplimiento de las medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 desde que la Junta de Andalucía asumió el mando único a finales de junio y hasta el pasado 16 de febrero. De acuerdo a la información obtenida por medio del Portal de Transparencia y firmada por la titular del departamento, Isabel Paredes, la Delegación Territorial ha dictado un total de 440 acuerdos de inicio de expedientes sancionadores al amparo del Decreto Ley 4 de agosto. De ellos, 27 provienen de la Policía Nacional; 28, de la Guardia Civil, 2, de la Policía Autonómica; y 383, el grueso de ellos, de la Policía Local. Y, añade la delegada en la documentación, se han finalizado 69, “todos al acogerse los interesados al pago anticipado de la sanción”, que reducen en un 30% el importe, lo que supone una recaudación total de 3.450 euros.

Estas cifras cuestionan las declaraciones de fuentes oficiales de la Delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz hace dos semanas, tras asegurar que las multas “están llegando en masa desde agosto y se están sacando”, aunque no concretaron los números y tampoco los han facilitado desde entonces pese al compromiso adquirido.

La respuesta de la delegada territorial de Salud y Familias confirman, por otra parte, los temores de ayuntamientos y organizaciones policiales. En Villamartín, al Ayuntamiento no le consta que se haya tramitado ni una sola de las 800 multas impuestas y el responsable Presidencia y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Barbate, Javier Rodríguez, lamentaba en estas páginas que “cuesta mucho mantener el orden para que el trabajo que hacemos sea en vano”, en referencia a la impunidad con la que se conducen quienes incumplen la normativa porque la Administración autonómica no tramita los expedientes. La situación agregaba, desanima a la Policía Local, cuyos integrantes tienen la sensación de “estar haciendo el canelo”. “Si se sanciona pero no se cobra, para qué sirve”, se preguntaba. Solo en Jerez, durante el reciente cierre perimetral se han cursado 737 multas solo por parte de la Policía Local. “Pero no somos los malos de la película”, indicó, por su parte, el portavoz de Jupol, Antonio Rodríguez, al tiempo que lamentó tener que ejercer de “papá y mamá” y de enfrentarse a “un auténtico cacao” por los cambios pemanentes de la normativa.

El Decreto Ley de 4 agosto estableció el régimen sancionador por incumplimiento de las medidas de prevención y contención ante el Covid-19,  contemplando una sanción económica de 100 euros por no utilizar mascarilla o hacer un uso inadecuado de las mismas, y multas de entre 100 y hasta 3.000 euros para las infracciones leves, desde 3.001 a 60.000 euros para infracciones graves y desde 60.001 hasta los 600.000 euros, por incumplimientos de horarios de apertura y aforos en establecimientos o la celebración de reuniones o fiestas en las que se produzcan aglomeraciones y según constituyeran un riesgo de contagio a menos de 15 personas, de entre 100 y 100 o más de 100, respectivamente. Asimismo, el texto determina que las infracciones y sanciones leves prescriben al año, las graves a los dos años y las muy graves a los cinco años.