La Diputación de Granada ha pedido a la Junta de Andalucía que le ceda las plazas concertadas que están vacantes en las residencias de la provincia, como la Rodríguez Penalva de Huéscar, para "poder afrontar" las peticiones de ayuda de las personas dependientes y mayores en riesgo de exclusión social que acuden a la institución provincial.
La diputada delegada de Centros Sociales y Nuevas Tecnologías, Rosa Fuentes, y la diputada de Familia y Bienestar Social, Marta Nievas, han explicado este martes que de las 97 plazas concertadas que existen en la residencia Rodríguez Penalva de Huéscar, 22 están vacantes sin que el Gobierno andaluz las cubra, siendo una cantidad que ha ido en aumento en los últimos meses.
En el Centro Psicopedagógico Reina Sofía ya hay también 3 vacantes que no han sido cubiertas por la Junta de Andalucía, según los datos recabados por los servicios técnicos de la delegación de Centros Sociales, los cuales afirman que existen plazas en la misma situación en residencias de Loja (5 en La Misericordia, 5 en Santa Clara, 17 en la residencia Sierra de Loja), Huéscar (16 en la San Jaime), Gor (14), Gualchos (17), Laroles (5), Algarinejo (16) y Alhama (3).
"A lo largo de toda la geografía de la provincia estamos detectando que no se están cubriendo esas plazas concertadas", ha reseñado la diputada delegada de Centros Sociales y Nuevas Tecnologías, quien asegura que "en paralelo", el programa Respiro Familiar "también está paralizado desde septiembre".
"Instamos a la Junta a que, si no va a cubrir esas plazas de Respiro Familiar y las plazas concertadas que nos tiene bloqueadas, nos deje que dispongamos de ellas para que la Diputación pueda disponer libremente de esas plazas y dar atención a todas las peticiones que tenemos de emergencia social", ha exigido en una nota la diputada de Centros Sociales y Nuevas Tecnologías.
"Si no se cubren esas plazas se están destruyendo puestos de trabajo", ha manifestado Rosa Fuentes como diputada delegada de Centros Sociales que ha hecho hincapié en que "estas residencias suponen una generación de empleo en unas comarcas muy deprimidas" como pueden ser la de Huéscar o el Poniente donde la labor asistencial a mayores y dependientes es vital.
Todo ello se produce en un contexto en el que, según ha informado la diputada delegada de Familia y Bienestar Social, Marta Nievas, la Junta de Andalucía tiene "apilados sin resolver" los expedientes de 6.000 dependientes de la provincia, estando mil de ellos a la espera de la resolución de sus Programas Individuales de Atención (PIAs). "La Junta de Andalucía permanece impasible, no hace absolutamente nada para resolver esta situación", ha señalado la diputada de Familia y Bienestar Social que ha explicado que esto termina afectando a la Diputación como "administración intermediaria" que es "puerta de entrada" a las demandas de estos usuarios a través de sus centros de Servicios Sociales Comunitarios.
"No podemos entender cómo hay recursos públicos que la Junta de Andalucía no está utilizando" pues "en las residencias hay plazas vacías y en la provincia hay mayores que necesitan esas plazas, pero la falta de compromiso de la Junta hace que no se hagan estos informes", ha indicado Marta Nievas.
"No se está cumpliendo la ley de dependencia en Andalucía porque la Junta tiene paralizados los expedientes", ha afirmado Nievas para quien "nuestra obligación desde la Diputación Provincial es exponer que no estamos de acuerdo con esta manera de trabajar y que hay que comprometerse con los más vulnerables de la provincia, con los mayores y los dependientes" desde un "compromiso real y no de palabra".
Marta Nievas ha informado, en este sentido, de que la deuda de la administración autonómica con la Diputación Provincial en materia de ayuda a domicilio asciende ya a 17 millones de euros, ya que "no paga desde el 15 de diciembre de 2012 la ayuda a domicilio", ha destacado Nievas, quien ha enfatizado que "el servicio se está prestando" aunque la Junta de Andalucía no ponga el dinero, "y esto lo está sufriendo la Diputación y los ayuntamientos" que "en muchos casos están adelantándolo para que puedan cobrar" las empresas y trabajadoras que cuidan de los mayores y los dependientes.
