El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Granada ha señalado al alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado (PP), como "responsable político" de las "ilegalidades" que a su entender se han producido en el caso del Palacio de Hielo y ha reclamado su dimisión.
Las declaraciones de IU se producen a raíz del inicio, este miércoles, del juicio contra el que fuera concejal de Urbanismo durante el primer mandato de José Torres Hurtado, Luis Gerardo García Royo (PP), el exgerente de Urbanismo Manuel Lorente, y otras seis personas más, conocidos promotores y técnicos municipales, por un posible delito de prevaricación en la operación urbanística relacionada con el Plan Parcial de Cerrillo de Maracena, donde estaba previsto construir el Palacio de Hielo.
El portavoz del grupo municipal de IU, Francisco Puentedura, ha confiado en que en este juicio "que no se imponga la impunidad en el urbanismo irregular en la ciudad de Granada y que los culpables sean condenados caiga quien caiga".
Puentedura ha advertido de que el convenio urbanístico, del que se derivó la reparcelación supuestamente irregular del Plan Parcial en los terrenos donde estaban previsto el Palacio de hielo, "fue aprobado por la Comisión Ejecutiva y la Gerencia de Urbanismo y por la Junta de Gobierno Local, órganos presididos por el alcalde de Granada".
Por ello, considera que su "responsabilidad política, en un convenio urbanístico que ha beneficiado intereses particulares sobre el interés público, está clara".
Además, el portavoz municipal señala también al alcalde "como responsable del nombramiento del exconcejal de urbanismo y los altos cargos de esta área que están siendo juzgados, algunos de ellos todavía ejerciendo como tales".
En la misma línea ha señalado que en este proceso también se juzga "la validez de este convenio urbanístico que fue denunciado por la abogacía del Estado" e incide en que el Ayuntamiento "vendió unas 14.000 nuevas unidades de aprovechamiento en este Plan Parcial por valor de unos siete millones de euros".
"En esta operación que afectaba a la reparcelación de 177.000 metros cuadrados no se tuvo en cuenta 33.000 metros que eran de titularidad pública y pertenecían a la Confederación Hidrográfica y al Ministerio de Fomento", señala Puentedura, quien advierte de "que si este convenio se declara nulo el Ayuntamiento también será condenado a tener que devolver esos siete millones de euros".
Por último, ha aludido a los "casos abiertos que aún existen" en materia urbanística y que "serán juzgados", en referencia a la zona de ocio del Centro Comercial Serrallo Plaza, donde la Fiscalía apunta a la privatización ilegal de una zona verde que es suelo de dominio público. Es por ello que Puentedura exige la dimisión del alcalde de Granada y el cese de los altos cargos imputados.
