El exalcalde de Atarfe (Granada), el socialista Víctor Sánchez, se enfrenta a un nuevo proceso judicial acusado de un delito de prevaricación continuada y otro de prevaricación urbanística en una operación relacionada con los terrenos de la fábrica de la Alcoholera, en la localidad, donde se construyeron un total de 144 viviendas contraviniendo la normativa al respecto.

   Por este asunto, la Fiscalía solicita para él un total de 15 meses de prisión y 20 años de inhabilitación para empleo o cargo público, y otros 15 meses de cárcel y 16 años de inhabilitación para el arquitecto municipal, Luis Gustavo G.C., también imputado. Las mismas penas reclama además la acusación popular, que ejerce Ecologistas en Acción.

   Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, tanto el alcalde como el arquitecto, "actuando de común acuerdo", llevaron a cabo una serie de actuaciones tendentes todas ellas a modificar "sin control autonómico alguno" el uso previsto por las Normas Subsidiarias (NNSS) de Atarfe y su edificabilidad, "apartándose de la legalidad urbanística", en los terrenos donde se situaba la antigua Alcoholera 'San Fernando'.

   Concretamente, el fiscal alude a una superficie de 26.083 metros cuadrados, en un suelo situado entre la calle Puerto Rico, la carretera nacional hacia Córdoba, la Avenida de la Estación y el Colegio SAFA, ubicado dentro del casco urbano de Atarfe.

   Según sostiene, el uso previsto para estos terrenos era el terciario, de manera que sólo podrían haberse construido en ellos pequeñas viviendas artesanales que cumplieran con las determinaciones sobre la ordenación física de las normas subsidiarias, o, como mucho, viviendas de guardería con una limitación del 15 por ciento de la superficie total construida o una vivienda con superficie máxima de 80 metros cuadrados.

   Sin embargo, "en perjuicio evidente del pueblo de Atarfe", en ellos hay tres bloques de viviendas con un total de 144 pisos construidos, ya que así lo aprobó el entonces alcalde, Víctor Sánchez. El 15 de diciembre de 2005, a través de una resolución dictada por él mismo, el Ayuntamiento acordó aprobar el cambio de tipología de vivienda a construir en los terrenos, pasando ésta a 'Manzana cerrada de inclusión' y que la ordenación de la edificación del solar se hiciera través del estudio de detalle.

SIN RESPETAR LA LOUA

   Esa modificación, según la Fiscalía, debería haberse hecho a través de una revisión de las Normas Subsidiarias, respetando la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA), que exige control autonómico, y "haciendo uso del mismo instrumento de planeamiento que fijó las determinaciones a modificar".

   En el caso de la resolución dictada por el alcalde, si bien menciona sólo un cambio en el tipo de vivienda construir, lo que realmente hizo dictándola fue "cambiar el uso previsto para esos terrenos de terciario con condiciones de ordenación correspondientes a vivienda artesanal a uso residencial en vivienda plurifamiliar en manzana cerrada de inclusión".

   Ello provocó "un considerable aumento del nivel de la edificabilidad" en dichos terrenos, que supuso pasar de unas 79 viviendas de guardería que como máximo hubieran podido construirse, a 547 de uso residencial; y de 53.209 metros de uso terciario a 63.903 metros potenciales de uso residencial; o 71.721 de uso residencial más otros.

   Ambos aspectos, uso y edificabilidad, "sólo podían haberse modificado de la forma prevista en la LOUA", que "desde luego no contempla que a golpe de resolución de un alcalde, como es el caso, puedan modificarse determinaciones básicas del planeamiento de un municipio.

   "Precisamente para tratar de evitar que esto ocurriese es por lo que la LOUA exige y regula el control de la administración autonómica sobre modificaciones del planeamiento que afecten a sus parámetros estructurales, cosa que evidentemente se sorteó en el presente caso", mantiene el Ministerio Público.

   Así las cosas, una vez dictada por el alcalde la resolución anterior, el 16 de diciembre de 2005, se promovió por la sociedad Grabilbo S.A, la elaboración de un estudio de detalle para la ordenación de esos terrenos, una vez acordado por el alcalde el cambio tipológico.

   El estudio de detalle "debió en todo caso de respetar lo dispuesto en la LOUA", que prohíbe expresamente modificar con ese instrumento el uso urbanístico del suelo e incrementar el aprovechamiento urbanístico.

"BARBARIE URBANÍSTICA"

   Sin embargo, "incumpliendo la legalidad urbanística y continuando con la barbarie urbanística" ya emprendida por el alcalde, lejos de someterse a la LOUA, el estudio se desarrolla y ordena el cambio tipológico de uso y de las condiciones de ordenación de los terrenos de la Alcoholera, aumentando por consiguiente la edificabilidad.

   Posteriormente, el 23 de diciembre de 2005, el también acusado arquitecto municipal entonces y "amplio conocedor de la legislación urbanística", "lejos de evitar que esa modificación del planeamiento se hiciera a espaldas de la LOUA", emitió un informe en esa fecha en el que ponía de manifiesto que el estudio de detalle se ajustaba a la legalidad vigente.

   Y así, "dada la confianza que el Pleno del Ayuntamiento otorgó a sus conocimientos en materia urbanística" y contando además con otra resolución del propio alcalde que aprobaba inicialmente el estudio de detalle, consiguieron que el pleno el 21 de marzo de 2006 aprobara definitivamente el estudio de detalle, en contra de lo dispuesto por la LOUA, por lo que, según el fiscal, el técnico "nunca definió informarlo positivamente" dándole "apariencia de legalidad".

   Por último, y "como culmen a todo lo ya realizado", el 5 de junio de 2007 a través de otra resolución, el alcalde, contando con informe favorable del arquitecto municipal y sin informe del secretario, concedió licencia a Grabilbo para la construcción de 144 viviendas y cocheras en la manzana descrita en el estudio de detalle, viviendas que ocupan tres bloques de pisos y que ya están construidas, están la mitad ocupadas porque se les concedió licencia de primera ocupación el 30 de septiembre de 2009.

LA INCÓGNITA: POSIBLE SUSPENSIÓN

   Con este nuevo caso, que ya ha pasado al trámite de procedimiento abreviado, según han informado a Europa Press fuentes del caso, surge de nuevo la incógnita sobre si Sánchez se sentará o no en el banquillo, puesto que la Audiencia Provincial de Granada decidió archivar uno de los casos pendientes contra él, el relacionado con el cambio presuntamente irregular de la edificabilidad de unos terrenos del residencial Balcón de Cubillas, por su delicado estado de salud.

   La Sección Primera acordó ese sobreseimiento "hasta tanto recupere la salud necesaria para el afrontamiento del juicio oral o, en su caso, concurra causa de extinción de la responsabilidad criminal" y ordenó asimismo que se recabasen periódicamente, cada seis meses, informes médicos al respecto.