La decisión por parte de la Comisión Europea de estudiar por vía ordinaria, y en consecuencia más larga, la orden ministerial de desarrollo de la Ley de Cine ha sido recibida con normalidad por los organismos oficiales y agitación en entre los cineastas.

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha salido al paso del cruce de declaraciones afirmando que la orden sobre las subvenciones al cine “es la más adecuada” y, por ello, confía en que la decisión de la Comisión Europea de no tramitarla de forma urgente sólo retrase su aplicación sin variar su contenido.

González-Sinde explicó que la decisión en Bruselas de no aceptar la solicitud de España de tramitar por el procedimiento de urgencia esta orden que desarrolla la Ley del Cine es algo “habitual, normal” que pasa con muchos otros trámites que afectan a otros asuntos a los que no se les da tanto eco y “entraba dentro de lo previsible”.

Su voluntad de no crear agitación alrededor de este cambio de rumbo en el proceso coincide con la que ofreció ayer el portavoz de la Comisión Europea para la Competencia, Jonathan Todd, que calificó de “normal” el procedimiento e insistió en que esta ralentización no prejuzga la compatibilidad o no del sistema con la legislación europea.

Según explicó en rueda de prensa Todd, los servicios de la CE han pedido aclaraciones a las autoridades españolas en relación con las objeciones presentadas por la asociación Cineastas contra la Orden a finales del mes de octubre.

Todd aseguró que la Comisión Europea iba a analizar las ayudas del cine por el procedimiento simplificado pero que, al recibir la carta del colectivo de cineastas, decidió pasar al ordinario.

“Recibimos una misiva de un grupo de productoras españolas y la hemos reenviado a las autoridades españolas junto con la petición de que nos den respuestas”, dijo el portavoz.

La plataforma que envió la carta, Cineastas contra la Orden, pidió, en cambio, que no se le considerara “culpable” del parón y no reconoció sentirse “esperanzada” por la efectividad de una carta que enviaron “más por principios que por cuestiones prácticas”.

“Quizá la causa haya sido el que se haya publicado la orden ministerial en el BOE antes de consultar a Bruselas, por lo que a lo mejor esta ralentización del proceso venga más del propio ICAA (Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales) que de nosotros”, señaló el cineasta Felipe Vega, miembro de este movimiento.

Más pacificador, el presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (Fapae), Pedro Pérez, aseguró que confía en que el Gobierno “se mueva con la celeridad suficiente” ante Bruselas para que ésta dé vía libre este año a la orden ministerial de la que dependen las ayudas a la producción cinematográfica, que por el momento quedan suspendidas hasta 2010.

Pérez adelantó que González-Sinde, y el director general del Instituto de la Cinematografía (ICAA), Ignasi Guardans, tratarán el tema el próximo viernes en Bruselas, coincidiendo con la Consejo de Ministros de Cultura que tendrá lugar en la capital belga. “Espero que en muy poco tiempo se restablezca la normalidad, es decir que Bruselas diga que las ayudas que se contienen en la orden son conformes a Derecho; nosotros estamos convencidos de ello”, añadió el presidente de los productores españoles.

Finalmente, la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales (CIMA) volvió a insistir en que la discriminación positiva para las cineastas que propone la orden ministerial es aplicable en una situación “altamente improbable” y que “aunque funcionasen, no serían justas”.

“Hay que corregir la discriminación en origen, pero una vez corregido eso, queremos competir en igualdad de condiciones”, explicó Inés París, presidenta de la asociación. “Si no hay mujeres en el tejido industrial del cine, la incorporación de la mujer al sector es imposible” y se mantendrá una situación que consideró de “minoría escandalosa”, concluyó.