Según ha podido saber RONDA SEMANAL el centro de las sospechas de la investigación que motivaron la apertura del proceso se encuentran varios proyectos urbanísticos. De un lado, las operaciones urbanísticas relacionadas con la venta de los terrenos para la construcción de un Eroski, el proyecto de Los Merinos, la adjudicación del Parking de Martínez Astein; al fin, los investigadores también se interesaron por expedientes relacionados con las edificaciones irregulares de La Hoya del Tajo y compraventa de terrenos relacionados con la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Ronda.
En el escrito de la fiscalía se recogen posibles irregularidades en diversas operaciones en la que intervinieron importantes políticos locales, que no han sido imputados, y técnicos del departamento de urbanismo del consistorio.
La operación Acinipo saltó a la luz pública el martes 27 de septiembre, día en que efectivos de la Udyco tomaron el Ayuntamiento de Ronda. No obstante, la investigación había arrancado dos años y medio antes tras la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. La titular del Juzgado número 2 de Ronda, Judith Saiz, no abrió el caso, sin embargo, hasta abril de 2010.
Ese martes, tras la entrada de una decena de agentes de la Policía en el Ayuntamiento a primera hora de la mañana, la alcaldesa de la ciudad se apresuró en apuntar directamente a la gestión de antiguos responsables municipales, citando al ex alcalde, al ex teniente de alcalde y a los antiguos responsables de Urbanismo y Seguridad en diversos medios de comunicación. Poco después, se confirmaron las detenciones de Antonio Marín Lara, Francisco Cañestro, María José Martín de Haro y Rafael Lara; fueron detenidos además tres personas vinculadas al mundo empresarial.
Todos ellos quedaron en libertad los días siguientes a su detención, tras ir prestando declaración ante la juez en el Palacio de Justicia de Ronda. Marín Lara quedó en libertad con cargos, por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Tuvo que pagar una fianza de 150.000 euros.
En libertad con cargos, pero sin fianza, quedaron el ex teniente de alcalde, Francisco Cañestro, y el abogado de una promotora rondeña, M.A.B., a quienes se les imputan presuntos delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Con similares imputaciones y fianzas de 80.000 y 50.000 euros, respectivamente, quedaron en libertad con cargos los ex concejales Rafael Lara y María José Martín de Haro.
Los otros dos arrestados, vinculados al mundo empresarial, asesores externos de la firma Eroski, quedaron en liberta libertad provisional imputados por cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias; Alfonso Javier F.V. y José Miguel Y.C prestaron declaración por exhorto en juzgados de guardia de Valencia y Madrid.
Es el fiscal Anticorrupción Valentín Bueno, conocido por los casos Astapa o Arcos, quien impulsa las diligencias, que nacieron tras una investigación propia del ministerio público. En los registros, tanto en el Ayuntamiento como en el domicilio de los detenidos o incluso en un despacho de Marín Lara, los investigadores se hicieron con numerosa documentación. Cuentan también con grabaciones, que, junto al análisis de lo ya intervenido y las propias declaraciones, servirán para formular la acusación.
Días después de las detenciones y las puestas en libertad, el jefe superior de Policía de Andalucía Oriental, Pedro Mélida, afirmó que la operación 'Acinipo' continúa abierta con las diligencias que el juez instructor y el fiscal orden.
