La violencia obstétrica es aquel tipo de violencia que es ejercida de manera estructural y simbólica hacia las gestantes durante el embarazo, parto y postparto. Se trata de una serie de mecanismos vinculados al ejercicio de la praxis médica en los que la gestante deja de ser tratada como un sujeto de derecho para ser delegada a un plano secundario en lo que respecta a la toma de decisiones, acciones e información con respecto a las acciones médicas y/o asistenciales que se llevan a cabo en el contexto de su gestación.
Son numerosos los relatos de gestantes que sufren violencia tanto instrumental como simbólica. Hasta hace bien poco era bastante común la práctica de la episiotomía sin el consentimiento de la gestante; pero también la desinformación y falta de autonomía en la toma de decisiones con respecto al parto suponen una vulneración de derechos. Durante estos últimos años, se ha producido, además, la aprobación del Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y la lucha contra la violencia hacia la mujer y la violencia doméstica, aprobado en Estambul el 11 de mayo de 2011 y ratificado por España en 2014.
Este Convenio obliga a adoptar las medidas necesarias para prevenir la violencia contra las mujeres y darle respuesta. En particular, insta a que las medidas que se tomen se dirijan, en su caso, a todos los actores implicados, como las agencias gubernamentales, los parlamentos y las autoridades nacionales, regionales y locales, y promueve la dedicación de los recursos financieros y humanos adecuados para aplicar correctamente políticas integradas y medidas y programas dirigidos a prevenir y combatir todas las formas de violencia. Por otro lado, en el año 2014, la OMS en una declaración indicó que “el maltrato, la negligencia o la falta de respeto en el parto pueden constituirse en una violación de los derechos humanos fundamentales de las mujeres, descritos en las normas y los principios internacionales de derechos humanos”.
La OMS subraya que “en particular, las embarazadas 2 tienen derecho a recibir un trato igual de digno que otras personas, a tener la libertad de solicitar, recibir y transmitir información, a no sufrir discriminación y a obtener el más alto nivel de salud física y mental, incluida la salud sexual y reproductiva”. Es precisamente en los aspectos del consentimiento informado en los que se centran las críticas de las madres, las matronas y otras partes que intervienen en el proceso a las praxis médicas.
Además, en España se aprobó la Ley 17/2020, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2008, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, que contempla en su artículo 4, apartado d) “Violencia obstétrica y vulneración de derechos sexuales y reproductivos”. Dicha ley se inspira, principalmente, en el Convenio de Estambul, que se aplica a todas las formas de violencia contra las mujeres y comprende todos los actos de violencia basados en el género que impliquen o puedan implicar daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de hacer estos actos, la coacción y la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada.
Por último, la ONU ha dictaminado en julio de 2022 a través de su Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW), que en España se comete violencia obstétrica. Por todo ello, desde IU+Podemos quieren instar al Alcalde a:
1. Solicitar a la Consejería de Salud y Consumo la realización de un análisis de la violencia obstétrica en Andalucía, con la participación de los profesionales médicos, sindicatos y Asociaciones de mujeres, con el objetivo de trabajar conjuntamente por la concienciación, formación y revisión de los protocolos en torno a los partos.
2. Solicitar al Hospital Universitario de Puerto Real, al Hospital Materno-Infantil de Jerez y al Hospital Puerta del Mar de Cádiz la revisión de sus protocolos para evitar situaciones de violencia obstétrica y mejorar la atención y la experiencia de embarazadas durante el parto.
3. Incluir en la información ofrecida por la Delegación de Igualdad sobre “Violencia de Género” y “Programa de Atención Integral de Mujeres Víctimas” la violencia obstétrica, para incluir el proceso de reparación.
