El Pleno municipal aprobaba en estos días por unanimidad la adhesión del Ayuntamiento de Rota al convenio para la creación de un fondo social de viviendas impulsado por el Gobierno central.

La voluntad municipal de sumarse a esta propuesta responde, tal y como indicó la delegada de Vivienda, Ana Luna, "a la preocupación de este Ayuntamiento por contar con el máximo de recursos y medidas posibles para atender a los roteños y roteñas que debido a la crisis se vean en la difícil situación de ser desalojados de sus casas; y para crear una vía de comunicación entre los afectados y las entidades bancarias, con la que dar cobertura a los desalojados".

El Fondo Social de Vivienda Estatal facilita el acceso a una vivienda en régimen de alquiler social, propiedad de las entidades bancarias, a las familias que hayan sido desalojadas de sus casas habituales por el impago de un préstamo hipotecario, y se basa en el convenio formalizado por el Gobierno Central, el Banco de España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ONGs, patronales bancarias y 33 entidades de crédito.

Para el portavoz de RRUU, Lorenzo Sánchez Alonso, "la actual situación requiere de medidas más contundentes, que van mucho más allá de este Fondo y muchísimo más allá del Decreto de la Junta, y volver a apostar por las ayudas públicas o las ayudas de emancipación que los ciudadanos puedan tener acceso a una vivienda".


En este sentido, Sánchez Alonso puso de relieve la "apuesta" del Ayuntamiento en materia de vivienda, recordando que "se han dado más de 700.000 euros en ayudas de vivienda apoyando a 790 familias roteñas que han sido corresponsables con nosotros porque ellos pagan una parte del alquiler y nosotros otra”. Frente a esto, “lo que está haciendo la Consejería con las viviendas públicas de la Junta es mandarles desahucios a familias, a las que durante años les han permitido vivir en estas casas”.

Por su parte la alcaldesa de Rota, Eva Corrales, agradeció el apoyo de los grupos a la propuesta, si bien lamentó que el PSOE antes y ahora también el grupo municipal de IU "justifiquen permanentemente a la Junta, y mantengan su ya tradicional doble discurso cuando exigen al Ayuntamiento que ponga en marcha política para ayudar a los ciudadanos en situaciones complicadas y luego no apoyan los presupuestos de la empresa municipal SURSA, desde donde se está ayudando a muchas familias a pagar el alquiler de sus casas a través del Plan Municipal de Ayuda al Alquiler”.

Para Eva Corrales, los grupos de la oposición mantienen "un fuerte nivel de exigencia con este Ayuntamiento, mientras que muestran una falta de responsabilidad absoluta y de beligerancia con la Junta de Andalucía, que es quien tiene las competencias en materia de vivienda". En este sentido, apuntó que a diferencia de la EPSA, empresa pública de la Junta, "que ordena desahucios a pesar de contar con una gran bolsa de viviendas vacías, este Ayuntamiento no desaloja a las familias que debido a la crisis no pueden pagar el alquiler de viviendas".