Sólo hay dos respuestas razonables a la paralización que sufre San Fernando desde que entraron los socialistas en el Gobierno junto al Partido Andalucista -que desapareció, pero no los concejales- que tiene en sus manos concejalías de mucho calado.
O son incapaces de gestionar lo que ya está funcionando y ni que decir de los proyectos anunciados incluso con presupuestos participativos de los cuales ni uno se ha puesto en marcha, o hay una mano negra que todo lo para.
O tres manos negras que se están dando tortas unas a otras sin que la alcaldesa ni su número dos, Conrado Rodríguez, que es el que manda en los dineros tras la defenestración del anterior delagado de Hacienda, Ignacio Bermejo. y el cual, por cierto, sigue al frente de Contratación, sean capaces de poner orden en la burocracia.
Claro que si la burocracia es la legalidad y la legalidad no se cumple por parte de los políticos, ya habría que repartir las culpas entre el excesivo celo de unos y la incapacidad de otros en hacer las cosas sin que los otros pongan reparos.
Lo realmente cierto es que el Gobierno municipal de socialistas y andalucistas tienen pendientes tareas que son indispensables para la buena marcha de la ciudad y para el bienestar de los ciudadanos, por cuando se trata de servicios que afectan a todos y que en el caso de uno de ellos, ya se ha demostrado que el Gobierno andalucista hizo una chapuza en tiempos del delegado Luis Calderón.
Dos ejemplos. El contrato de la Limpieza Pública que tiene en la actualidad la empresa Urbaser en situación de prórroga forzosa, sigue sin renovarse con nuevas condiciones, por lo que el servicio sufre las mismas carencias que el que se firmó en 2006 y que se presentaba por el gobierno anducista como un dechado de audacia.
Una chapuza
Luego resultó que estaba tan mal hecho que se riegan las calles después de llover, se limpian las calles que están limpias y se quedan otras zonas sin limpiar. Todo porque está tan encorsetado que ni el Ayuntamiento puede obligar a la empresa a cambiarlo ni la empresa obligar a los trabajadores a adaptarse a lo que no está firmado.
La denuncia la hacía el Partido Popular en septiembre de 2016, cuando cumplió el contrato y se decía que ya había una nueva plica que nunca se vio, por lo que sólo queda la segunda opción, que es negociar las mejoras con la empresas y adaptar el contrato a las necesidades reales de la ciudad. Lo que ahora no hace.
Es verdad que las nuevas normativas han introducido cambios en este tipo de contratos, que ya no pueden ser de una duración de diez años como antes, sino de seis más dos de prórroga si procede. Pero tiempo ha pasado.
Ni tampoco que no exista dinero para ello, por cuanto el presupuesto municipal de 2016, que sigue en vigor, ya recogía esas partidas aunque se aprobó a mediados de año. Concretamente, 8,5 millones de euros.
Y también para otro de los grandes contratos, el de mantenimiento de jardines, de 1,35 millones de euros también en los presupuestos de 2016. Los que hay.
La trastienda
Esa es la parte de la incapacidad de los políticos para sacar adelante esos grandes contratos, a lo que se une el guirigay que tienen montado en el Patronato Municipal de Deportes donde hay servicios de mantenimiento que se prorrogan sin contrato y con reparos de intervención y de todos los elementos de control del Ayuntamiento.
Por que ahí está la otra parte de lo que puede estar pasando, sin descartar nunca la incompetencia de los políticos o el miedo a dar un puñetazo en la mesa y hacer que esta ciudad funcione.
El interventor municipal, que se llevó años sin enterarse de que estaban robando dinero en la Caja municipal, ahora presenta reparos a todo lo que se mueve en el área de Economía o depende de ella, mientras que a los reparos del área económica se unen las disquisiciones del área jurídica, con la Secretaría General poniendo sus pegas y Contratación por otro lado convirtiéndolo todo en zona pantanosa.
Las consecuencias de lo que esté ocurriendo, que es un poco de todo, es la paralización de la ciudad y la falta de actitud de la alcaldesa para poner orden. O sea, tomar decisiones políticas. Salvo, claro está, para anunciar semáforos con figuras de parejas homosexuales o señales de circulación para que los conductores no maten gatos y perros por las calles.
