El PP de San Fernando, a través de su concejal y senadora María José de Alba, ha mostrado su preocupación por la situación en que la Junta de Andalucía mantiene a decenas de familias isleñas, todas bajo el signo de encontrarse en riesgo de exclusión social.

Según las denuncias que han llegado hasta los populares isleños, la totalidad de solicitantes de la Renta Mínima de Inserción (RMI) en la localidad isleña continúa sin percibir esta ayuda, concebida como medida estrella por el gobierno de Susana Díaz e incluida en los presupuestos de 2018. “No es justo que quienes mas necesitan de la ayuda pública vean incrementado su sufrimiento con este desprecio de la administración autonómica”, subrayó de Alba.

A comienzos de este año, Andalucía cambió su modelo de prestaciones de ayuda a las familias en riesgo de exclusión social. A partir del 1 de enero de 2018 la Junta anuncia la puesta en marcha de una de las medidas estrella del Presupuesto. Sin embargo, el PP de San Fernando ha recibido numerosas quejas de ciudadanos manifestando su "desesperación", ya que habiendo formulado sus solicitudes en los primeros meses de 2018 "aún no saben nada de las mismas".

Esta prestación viene a sustituir el Ingreso Mínimo de Solidaridad, una ayuda que presentó grandes problemas de eficacia durante su vigencia. En la historia del conocido como salario social "ha sido constante la presentación de quejas por los retrasos y dilaciones en la tramitación de esta prestación y la insuficiencia del presupuesto destinado", lo que motivó incluso la redacción de un informe del Defensor del Pueblo Andaluz para analizar la situación de esta prestación.

El intento de corregir de forma urgente la precaria situación que sufrían muchas familias durante la crisis económica mediante la implantación de este renta mínima de inserción no ha funcionado ya que la misma no se tramita de forma eficaz y eficiente por parte de la administración autonómica en los plazos legales para ello. La edil subrayó que el decreto de la Renta Mínima de Inserción establece "el plazo para resolver y notificar la resolución será de dos meses a contar desde el día primero del mes siguiente a la fecha de entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver".

La Renta Mínima de Inserción además ha llevado consigo la eliminación de una serie de ayudas de primera necesidad -como la luz y el agua, suministros mínimos vitales- que, hasta entonces, eran tramitadas y concedidas por el propio Ayuntamiento. Por tanto, el retraso en la resolución del RMI afecta doblemente al sector más desfavorecido de la sociedad isleña que no recibe apoyo económico ni de la Junta ni del propio gobierno municipal para conceptos tan básicos.

“Se demuestra el afán político y la mala gestión de la Junta que vende a la ciudadanía un producto como panacea para resolver una polémica social y sin embargo no las dota de los medios necesarios para hacerlas efectivas. Y mientras, Cavada aplaude y calla. Ni siquiera la alcaldesa sabe lo que sucede en su propia ciudad. Desconoce los problemas del Ayuntamiento como demostró en la reciente presentación de los trabajadores del Plan de Empleo ya que sigue hablando de prestaciones y servicios inexistentes”, concluyó.