PSOE, Podemos y Vox votaron en el Pleno de este mes "en contra de la bajada de la luz". La moción presentada al Pleno municipal de San Fernando por el Partido Popular (PP) en la que solicitaba la adhesión de todos los grupos municipales a una petición dirigida al Gobierno de España instándole a rebajar el coste de la energía eléctrica, no ha salido adelante por la negativa de los socialistas de Patricia Cavada a quienes se han unido Podemos y, "sorpresivamente", Vox.

“Es un asunto de extrema necesidad que merecía haber contado con el apoyo de todos los partidos. El PSOE y Podemos vuelven a desdecirse de sus promesas electorales y Vox se suma al grupo de izquierda con su negativa. Estas tres formaciones han demostrado lo que de verdad les importa la ciudadanía”, ha manifestado el portavoz popular José Loaiza.

En su moción, el PP pedía al Ayuntamiento isleño la adhesión a una petición dirigida al Gobierno de España para impedir el aumento espectacular del precio de la energía eléctrica y con ello se siga lastrando la economía personal y familiar de los españoles ya especialmente dañada por los efectos de la pandemia.

“La luz es un bien de primera necesidad que tiene que contar con un precio justo, accesible a todos los hogares y comercios. Cuando Cavada, Podemos y Vox votan en contra de la bajada del recibo, no castigan al PP, están maltratando a la inmensa mayoría de españoles, especialmente a quienes tienen un menor poder adquisitivo”, señaló.

PSOE y Unidas Podemos presumían de una transición energética justa, pero empezaron el año con un 27 por ciento de subida del precio de la electricidad en plena ola de frío, afectando a las familias más vulnerables.

Antes de esta subida, España ya tenía una de las facturas eléctricas más caras de la Unión Europea, lo que supone no sólo una importante carga para los bolsillos de nuestros ciudadanos, sino que también erosiona la competitividad de las empresas.

En España menos de un 40 por ciento de la factura de la luz depende del precio de la electricidad y del mercado. El resto, se debe a los costes regulatorios derivados de la gestión política, y a los impuestos.