El Gobierno municipal lleva este jueves a debate en pleno extraordinario la ordenanza de la nueva tasa por gestión y tratamientos de residuos sin solventar uno de los principales aspectos que cuestionaba el Tribunal Económico Administrativo (TEA), la doble fiscalidad, es decir, que determinados servicios ya los pagan los ciudadanos en la tasa de basura que se abona con el agua.

José Luis Sanz no tiene fácil conseguir el apoyo de los grupos municipales. En esta ocasión no contarán con el apoyo de Vox, por su “rechazo total” a la tasa, a cuya ordenanza ni siquiera han presentado enmiendas, apuntan desde el grupo, mientras que fuentes de Con Podemos IU, a pesar de que sí articularon enmiendas al texto, han confirmado a este periódico que su voto será contrario.

El PSOE  es el único que debate plantear otro no rotundo que hiciera decaer la ordenanza, de la que critican la repercusión que tendrá en los ciudadanos y su falta de información  en el cálculo de la tasa, “un acto de fe” dicen en sus enmiendas, en las que señalan que no se cumple el criterio de quien contamina, paga. Los socialistas tienen claro que los plazos apremian y que si en abril no hay tasa, habrá sanción, pero rechazan el “camino fácil” del Gobierno de Sanz, “que todos paguen lo mismo”.  

El Gobierno municipal sí ha incluido bonificaciones en el texto inicial de la ordenanza, que se plantea sólo para 2025, y fuentes municipales aclaran que el objetivo es “unificar los dos hechos imponibles”, es decir, que una única ordenanza regule las dos tasas, la actual de basura y la nueva de residuos, según lo establecido en la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados (LRSC) para una Economía Circular.

De hecho, el Gobierno local defiende que ha retrasado todo lo posible la implantación de este impuesto y que no se fijó en las ordenanzas fiscales de 2025, aprobadas gracias a Vox, para no “apropiarse” del dinero de los sevillanos en los meses de enero, febrero y marzo. Sin embargo, el texto que llega a Pleno no solventa ninguna de las cuestiones que plantea el Tribunal Económico Administrativo (TEA)  sobre la existencia de duplicidades en determinados servicios, contemplados en la LRSC pero que ya se abonaban con la tasa de basura.

El informe del TEA alude en varias ocasiones a esa doble fiscalidad y apunta que “la existencia de dos ordenanzas podría inducir a los sujetos pasivos de ésta a confundir los hechos imponibles y tarifas de ambas en algunos aspectos”.

Así, apunta que el establecimiento de esta tasa se podría haber llevado a cabo “estableciendo una única ordenanza, ya reduciendo las dos en una o derogando la actual para aprobar la nueva”, incluyendo la actual tasa de basura y “de forma diferenciada los nuevos costes” de adaptación a la LRSC.

El TEA además cuestiona que no se establezca el importe de los ingresos que se va a generar con esta tasa “que cubra o al menos se aproxime al coste real de los servicios”, sin contemplarse la responsabilidad ampliada del productor para costear el servicio, venta de materiales y de energía, y ni siquiera se hable de qué residuos será tratados con esa tasa, cuando la actual de basura ya los contempla.

Uno de los aspectos que critica el TEA es que sólo se hable del coste del impuesto de depósito de residuos (lo que termina en Montemarta-Cónica), 9,86 millones, pero “no se recoge qué cantidad se sufraga con la actual tasa de recogida domiciliaria de residuos”; y se establece un coste por planta de transferencia de 1,9 millones cuando ya existe, funciona y se paga con la tasa de basuras actual.

El TEA cuestiona que no se refleja el número de nuevos inspectores para vigilancia (cuando el coste se establece en 2,1 millones) y fuentes municipales sólo alcanzan a asegurar que hasta la fecha “se han duplicado” los existentes, alcanzando los 26, sin aventurar si habrá nuevas contrataciones, mientras apuntan que “se están barajando” varios sistemas para controlar las deducciones por buen reciclaje que sí aparecen en la ordenanza. “Por reconocimiento facial, por DNI, por códigos…”, relatan fuentes municipales sobre estos sistemas de identificación, que tampoco tienen claro si ubicarlos en los contenedores o en postes.