A poco menos de un mes para que la Unesco se reúna en su XXXVI encuentro del Comité de Patrimonio Mundial -comité que en uno de sus puntos tratará el estado de conservación de los bienes en su Lista del Patrimonio, entre los que se encuentran la Catedral, el Real Alcázar y el Archivo de Indias de la capital hispalense y su posible afectación por la Torre Pelli-, el rascacielos de la promotora Cajasol, torre de la que ya hay edificadas 26 plantas, se ha encontrado con otro varapalo por el camino: una nueva denuncia interpuesta por un grupo de particulares.

Así, la geógrafa Carmen Navarro Mezquita; la arquitecta Lidia Berdonces Machío; el arqueólogo Carlos Alberto Romero Moragas, y el geógrafo Jaime Jover Báez interpusieron el pasado 23 de abril ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Sevilla una demanda contra la concesión de las licencias de obras para la construcción del conjunto edificatorio conocido como Puerto Triana.

La intención, según ese grupo de particulares, no es la de “generar otro debate ciudadano acerca de la torre”, si no el de que sean los tribunales “quienes dictaminen, de una vez por todas, si las licencias de obras están o no ajustadas a Derecho”.

Para ello emplazan tanto a la promotora como al Ayuntamiento a que faciliten la tramitación y la pronta pronunciación judicial mediante su colaboración. “La demanda está aceptada a trámite. Ahora tan sólo nos queda esperar y confiar en la Justicia”, señaló ayer a Viva Sevilla, Carmen Navarro, una de las demandantes, que añadió que decidieron presentar la demanda porque tanto ella como sus compañeros están hartos de vivir “en un país con política de hechos consumados”.

Los demandantes solicitan que se anulen las licencias de la torre por incumplimientos directos de las normas del PGOU e incumplimientos específicos del PERI, así como que se paralicen las obras y, en su caso, el derribo de lo construido.

Publica los temas a tratar en su Comisión
La Unesco ya ha hecho pública su relación de asuntos a tratar en la XXXVI sesión de su Comité de Patrimonio en junio, en la que se encuentran la revisión del estado de los bienes hispalenses.