Los trabajadores de astilleros de Sevilla han confirmado este jueves que "no se ha avanzado nada" en su situación, marcada por las "deudas" que, según este colectivo, tienen contraídas las administraciones con ellos en materia de nóminas atrasadas e indemnizaciones, y a la que la Junta "no ha dado aún respuesta", de ahí que no descarten protagonizar nuevas movilizaciones a principios del próximo mes de septiembre si persiste esta situación.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del comité de empresa, que han recordado que la Junta y las administraciones "adeudan, de media, a cada uno de los 58 trabajadores unos 22.000 euros entre nóminas atrasadas e indemnizaciones por los despidos, lo que da una cifra superior a los 1,2 millones de euros", a lo que hay que sumar, según han apuntado, la situación de los trabajadores de la industria auxiliar naval.
No obstante, las fuentes consultadas aún se muestran confiadas en que la Junta, que "se comprometió a analizar cómo están los expedientes y cumplir con los compromisos adquiridos con estos trabajadores y con los de la industria auxiliar", les hagan llegar una respuesta a todo ello "a última hora de este viernes", ya que, según han aclarado, desde el Gobierno andaluz se comprometieron a enviarles una contestación "a lo largo de esta semana".
Además, desde el comité de empresa no se muestran sorprendidos por esta "falta de respuesta", ya que ésta se produce "en un mes prácticamente nulo como es agosto, en el que todo se para por las vacaciones".
En este sentido, las mismas fuentes han confirmado su intención de seguir concediéndole a la Junta este mes de agosto como "margen", si bien han confirmado que, de no recibir respuesta en ese periodo de tiempo, a comienzos del próximo mes de septiembre "reactivarán" el conflicto con la posible convocatoria de nuevas movilizaciones en protesta por su situación.
Como se recordará, a finales de este mes de junio los trabajadores mantuvieron una reunión con directivos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, a quienes les correspondía abordar "la situación de los expedientes y compromisos" que la Administración andaluza tiene "en torno a las medidas sociolaborales establecidas".
En aquella ocasión, tanto representantes sindicales como de la Junta acordaron mantener "reuniones periódicas" para "hacer seguimiento de los acuerdos", si bien desde entonces los trabajadores "no han recibido una respuesta" por parte de la Administración regional.
