El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha sugerido al Ayuntamiento hispalense, gobernado por Juan Ignacio Zoido, que asesore o "tutele" en materia social a una familia de la que forman parte cuatro menores de edad y que habita en una vivienda protegida de la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa). Esta familia en cuestión está relacionada con "destrozos" en las zonas comunes de la promoción de viviendas protegidas y "problemas de convivencia" con otros vecinos.
A través de una resolución emitida el 13 de noviembre y recogida por Europa Press, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz expone la queja promovida por una mujer que, en mayo de 2009, firmó con Emvisesa un contrato de arrendamiento de dos años, a contar desde el mes de diciembre de 2010, para vivir de alquiler en una vivienda de promoción pública de la empresa municipal de la vivienda de Sevilla. Y es que estando ya cerca el cumplimiento de este periodo de dos años, Emvisesa le habría comunicado que su contrato de arrendamiento no sería renovado y que debía abandonar la vivienda el 20 de diciembre de 2012.
MENORES DE EDAD EN LA FAMILIA
Mientras esta mujer alegaba en su queja que "se veía en la calle" junto a sus cuatro hijos menores de edad y su madre, la mencionada resolución de José Chamizo reconoce que Emvisesa se limita a dar "cumplimiento a lo estipulado en el contrato de arrendamiento en cuanto a duración", aunque la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz se interesó en el caso a cuenta de la situación de los cuatro menores. De la información recabada por la institución destaca un informe del Ayuntamiento que pone de relieve que esta mujer tenía "pendientes de pago" con Envisesa 3.465,91 euros a cuenta del mencionado contrato de arrendamiento, toda vez que una empresa especializada había verificado que el suministro eléctrico de la vivienda había sido "enganchado ilegalmente" y la inquilina había sido objeto de "denuncias por problemas de convivencia, destrozos en zonas comunes por personas a su cargo", incurriendo incluso en el "realquiler" de la plaza de garaje asociada a la vivienda.
Tales aspectos, de hecho, habían motivado que Emvisesa resolviese no renovar el mencionado contrato de arrendamiento, si bien es necesario recordar que la empresa municipal de la vivienda ha paralizado los expedientes relativos a adjudicatarios de viviendas protegidas en riesgo de desahucio y está revisando los casos de familias con impagos.
DERECHOS PERO TAMBIÉN OBLIGACIONES
De cualquier modo, la institución de José Chamizo señala "el criterio de que las personas arrendatarias de viviendas protegidas deben asumir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos y mantener un comportamiento respetuoso con los otros vecinos", pero a la vez defiende que es necesario que "paralelamente a la programación de la ejecución y entrega de las viviendas protegidas, se pongan en marcha programas de tutela social destinados a facilitar información y realizar un acompañamiento de estas familias".
Por eso, Chamizo expone en su resolución que "dada la precariedad y circunstancias que afectan a esta familia, se estudie la posibilidad de regularizar su situación en lo que concierne a las obligaciones económicas del contrato de arrendamiento". "Alternativamente y para el caso de que, por la tipología de la promoción de viviendas, ello no fuera posible, se debe estudiar la posibilidad de ofrecerle otra vivienda del parque público que reúna las debidas condiciones de dignidad y adecuación y, en todo caso, se adapte a las circunstancias y necesidades de la unidad familiar", señala la resolución, que considera que "los servicios sociales del Ayuntamiento deben ponerse en contacto con esta familia a fin de informar, asesorar y, en su caso, tutelar la normalización de la misma en lo que concierne a las relaciones de vecindad y mantenimiento de elementos comunes del inmueble".
