Los tres políticos condenados en el caso Camas de intento de soborno a una concejal, entre ellos el exalcalde Agustín Pavón (IU), confían en que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acepte su petición de repetir el juicio, como plantearán en la vista convocada para el miércoles.
En la apelación ante el TSJA, los tres políticos (Pavón, el exconcejal del PP Antonio Enrique Fraile y el exconcejal del PA José del Castillo) comparten ahora como abogado a José Manuel Ramos Cardona, mientras que el empresario Eusebio Gaviño sigue defendido por Encarnación Molino.
El empresario, el entonces alcalde de Camas (Sevilla) y los exconcejales fueron condenados a un año y dos meses de cárcel tras ser declarados culpables de un delito de cohecho por intentar sobornar con 12.000 euros, en el año 2006, a una exconcejal de IU para conseguir su voto en varias iniciativas municipales.
Todos ellos han pedido la nulidad de la sentencia dictada por la Audiencia de Sevilla y la consiguiente repetición del juicio porque se impidió al jurado "examinar las propuestas alternativas de las defensas y el objeto del veredicto se conformó de forma exclusiva con las peticiones del Ministerio Fiscal".
El abogado de los tres políticos ha dicho a Efe que confía en que el alto tribunal "acuerde devolver la causa a la Audiencia de Sevilla para repetir el juicio, pues en su día no se dio la oportunidad al jurado para deliberar y votar sobre los argumentos de su defensa".
Solo se expuso al jurado "hechos objeto de acusación", según Ramos Cardona, pese a que "por pura lógica, al jurado debe exponérsele no solo lo que manifiesta el Fiscal, sino también lo de las demás partes, incluidas las defensas".
De no proceder así, "lo normal es que el jurado vote a favor de aquello que es perjudicial, pues solo se le da una opción", a juicio de Ramos Cardona.
Su recurso argumenta que no se dio tampoco oportunidad a los miembros del jurado de votar si las reuniones de los procesados con el exmilitante de IU Francisco Gordo y la concejal Carmen Lobo "tenían como finalidad que esta última volviera al equipo de Gobierno ante la noticia, que luego resultó falsa, de que había sido absuelta" del delito que motivó su expulsión de IU.
Además, el jurado no pudo valorar "si la situación fue creada y provocada por los denunciantes con animo de venganza".
Por su parte, la defensa del empresario Gaviño alega en su recurso que los informes médicos sobre su cliente, que sufrió un ataque de ansiedad que obligó a aplazar el juicio varios días, fueron leídos al jurado, lo que "lo predispuso en su contra".
Ese aspecto se vio agravado por su ingreso en prisión, decretado el 30 de octubre de 2012 ante su incomparecencia a juicio, lo que según la defensa transmitió a los miembros del jurado la imagen de que "había obstruido deliberadamente la celebración del juicio".
