La jueza de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha citado como imputado a Eduardo Báñez González, padre de la actual ministra de Empleo, Fátima Báñez, que aparece el el registro como consejero delegado de Construcciones Juan Robles, junto al resto de representantes legales de las empresas que participaron en el proceso de compraventa de los terrenos de Mercasevilla, al entender que hay indicios de malversación. Fuentes judiciales consideran que la citación por error del padre de la ministra, fallecido hace años, ha sido de la propia magistrada, al consultar los datos del registro donde aún aparece su nombre, aunque el fiscal del caso pidió la imputación de Eduardo Báñez García, hermano de la ministra.
El procedimiento, que se encuentra en fase de diligencias previas, investiga las presuntas irregularidades detectadas en la venta de los suelos de Mercasevilla que finalmente fueron adjudicados a Sanma. En el escrito, fechado el pasado 7 de junio, la magistrada considera que “puede deducirse el posible concierto entre Mercasevilla y Sando para la adjudicación de ésta última del concurso relativo a la opción de compra de los terrenos”, un concierto que considera “indéntico” entre “dicha constructora y al menos la mayor parte de las sociedades que participaron en dicho concurso mediante la creación artificial de un precio que favoreciera el ofrecido por la entidad Sanma”.
Entre las empresas citadas se encuentra la propia Sanma, adjudicataria final, Prasa, Realia, Azucarera Larios, Edamar y Construcciones Juan de Robles, propiedad esta última de los familiares de la ministra de Empleo, Fátima Báñez. De hecho, cita como imputado a Eduardo Báñez González, padre de la ministra, como “consejero delegado y firmante de la oferta presentada”, pero fallecido hace unos años. Fuentes del caso han informado a Efe de que, ante este error, es posible que el juzgado emita en los próximos días una nueva providencia concretando quien es la persona citada.
Además de Eduardo Báñez, la magistrada cita, el 14 de junio, a los representante de las cuatro empresas restantes. Así, el día 14 de junio están citados a declarar el representante de Realia Business, Ignacio Bayón Marine; el del Grupo Prasa, José Romero González; la de Azucarera Larios, Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff; por Edamar, Martín Eugenio Sánchez-Ramade Moreno, como presentende del consejo de administración, y Antonio Vicente Sánchez-Ramade Carrascosa, como apoderado; y el propio Báñez.
La magistrada también pide la declaración como imputados de Alfredo Delmo Suárez, arquitecto técnico del Servicio de Conservación y Coordinación de la delegación municipal de Vía Pública, y como testigo a José María Morillo Castro, presidente de la asociación de mayoristas. También libra oficio para que el Grupo de Delitos Urbanísticos de la UCO de la Guardia Civil informe sobre las investigaciones sobre el posible enriquecimiento ilícito del ya imputado Domingo Enrique Castaño, ex asesor del grupo socialista en el Ayuntamiento.
En los razonamientos jurídicos, la jueza considera que hay indicios de la participación de “las referidas entidades en un presundo delito de maquinación para alterar el precio de las cosas, constituyendo otro indicio más a tener en cuenta, las diferentes relaciones societarias existentes entre las mercantiles Realia Business, Sanma a través de Desarrollo Urbanístico Sevilla Este (DUSE) y Edamar, a través de Noralia, así como las relaciones puntuales que a través de UTE (Unión Temporal de Empresas), compraventa de terrenos, o de asociaciones de promoción inmobiliaria, han tenido algunas de las participadas en dicho concurso.
Un informe de la Guardia Civil, como ya publicó el grupo VIVA, incluido en el procedimiento constataba la existencia de “demostradas vinculaciones entre la mayoría de las empresas que concursaron al derecho de opción de compra” de los terrenos que finalmente fueron adjudicados a Sanma.
Según ese documento, en el que se incluía la declaración como testigo del actual director de Mercasevilla, Manuel Blanco, describía que las relaciones entre estas empresas son “vinculaciones de tipo societario a través de sus órganos sociales o mediante terceras personas físicas o jurídicas y/o profesionales que han mantenido y en algunos casos mantienen algunas de las entidades objeto de investigación”.
En este sumario se investigan las irregularidades en el concurso de adjudicación de la venta de los terrenos de Mercasevilla a la inmobiliaria Sanma y acumulaba hasta ahora 17 imputados entre técnicos municipales, empresarios y el anterior primer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU), en la actualidad portavoz municipal de su grupo, además de los exgerentes de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán, y el exconcejal y expresidente de Mercasevilla, Gonzalo Crespo.
