El juzgado de lo mercantil número 2 de Sevilla ha admitido a trámite la demanda presentada por el Partido Popular y el Partido Andalucista de Alcalá de Guadaíra el pasado mes de julio en la que solicitaban la impugnación de los acuerdos de liquidación de la empresa pública Alcalá Comunicación Municipal (ACM), que fue aprobada en solitario por el PSOE de Limones en junio, y que contó con los votos en contra del resto de la Corporación con PP, PA e IU.
En la notificación judicial, se indica que se admite a trámite la demanda y la documentación presentada por ambas formaciones políticas y explica que desde ahora el gobierno socialista dispondrá de veinte días hábiles para comparecer ante el juez con procurador y abogado. De no hacerlo, sería declarado en rebeldía procesal, según indica la propia notificación judicial.
Cabe recordar que la demanda interpuesta por los ediles de la oposición se produjo tras las constantes denuncias de opacidad y oscurantismo en el proceso de liquidación de la empresa, y tras avisar estos al gobierno local que, de continuar adelante con el proceso sin antes entregar toda la documentación y dar tiempo para su análisis, acudirían a los tribunales, como así ha sido finalmente.
Alcalá Comunicación Municipal (ACM) fue creada a comienzos de la década pasada por el gobierno de Antonio Gutiérrez Limones bajo la encomienda de gestionar la comunicación y la imagen pública del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. Finalmente y durante más de diez años, la empresa ha empleado cuantiosos fondos públicos y ha sido usada por sus gestores socialistas como sociedad instrumental para cosas tan diversas como la compra de material deportivo o la organización de concursos de belleza. Asimismo ACM ha costeado facturas de dudosa justificación como pagos a constructoras y cuantiosas sumas a restaurantes.
Asimismo, entre las denuncias de la oposición, está la de haber financiado con dinero público procedente del Ayuntamiento la edición, publicación y reparto del periódico El Guardián, empleado para difundir las noticias del PSOE, excluyendo a toda la oposición o entidades críticas con el gobierno local.
Para las portavoces de PP y PA en Alcalá, Mª Carmen R. Hornillo y Lola Aquino, respectivamente “con este paso ya es un órgano judicial el que se pronuncia, admitiendo a trámite los argumentos que en la oposición hemos empleado para denunciar la patente falta de transparencia. Ya no es el PP o el PA quienes denunciamos esta situación, sino que es la justicia la que empieza a poner blanco sobre negro la absoluta opacidad en la que vive Alcalá con el gobierno del PSOE de Limones”.