El tiempo en: Chipiona
Publicidad Ai
Publicidad Ai

Sevilla

Un acuerdo evita el desahucio de una madre y su hijo ciego

El abogado de una mujer y su hijo ciego de 14 años, que iban a ser desalojados hoy de su vivienda en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), ha alcanzado un acuerdo con La Caixa, propietaria del inmueble, para que no sean desahuciados

Publicidad Ai
Publicidad Ai
Publicidad Ai
Publicidad AiPublicidad Ai Publicidad AiPublicidad AiPublicidad Ai

El abogado de una mujer y su hijo ciego de 14 años, que iban a ser desalojados hoy de su vivienda en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), ha alcanzado un acuerdo con La Caixa, propietaria del inmueble, para que no sean desahuciados.

La mujer, de nacionalidad dominicana y con residencia legal en España, está asistida por el Comité René Cassin de defensa de los derechos humanos, cuyo abogado ha afirmado a Efe que, una vez suspendido el desahucio, su deseo es negociar un alquiler social para la inquilina.

El juzgado de instrucción 15 les había dado tres días de plazo, que terminaba hoy, para desalojar la vivienda, y en caso contrario lo haría la Policía.

Según el abogado, Xiomara A.P. firmó un contrato de arrendamiento con el anterior propietario del piso sin saber que La Caixa se iba a quedar con él, y su primera noticia se produjo cuando el pasado día 4 fue citada como imputada por el juzgado.

El juzgado le comunicó que había cometido "un acto punible" al ocupar el piso "sin conocimiento ni consentimiento" de su legítimo propietario y que disponía de tres días para dejarlo "en perfecto estado".

El juzgado le imputó haber entrado en la vivienda ubicada en la calle Escritora Amantina Cobos de San Juan de Aznalfarache "forzando su entrada e instalándose a vivir en la misma" en torno a julio de 2013.

Xiomara, por el contrario, declaró que se la alquiló a un hombre de quien pensó que era el dueño, por lo que le pagó tres meses de alquiler de los que tiene recibo y otros más sin recibo, aunque dejó de pagar cuando se enteró de que el banco se lo había quitado.

El juzgado requirió a la Policía Nacional para que comprobase que la casa había quedado cerrada y desocupada y en caso contrario procediese a su desalojo.

TE RECOMENDAMOS

ÚNETE A NUESTRO BOLETÍN