La actuación de la Consejería de Fomento y Vivienda con las familias de la Corrala Utopía, que se ha saldado con el realojo provisional de ocho de las 17 que ocupaban el edificio de San Lázaro, ha provocado que otros colectivos que se han señalado por sus acciones de ocupación para exigir una vivienda, hayan anunciado movilizaciones para exigir soluciones a sus problemas habitacionales, como es el caso de las de Nuevo Amate, que esperarán a que termine la Semana Santa para retomar sus reivindicaciones.
Fomento y Vivienda no sólo ha conseguido quebrar por primera vez la estabilidad del Gobierno andaluz, si no que también ha provocado que reaccionen otros colectivos que exigen el mismo trato otorgado a la Corrala Utopía. Aunque la cercanía de la Semana Santa ha provocado que las cuatro familias de Nuevo Amate que pasaron la noche del viernes al raso ante el Ayuntamiento abandonen su protesta, directamente exigen sus alquileres sociales “despues que se hayan dado los pisos a la Utopía”.
Esta colectivo exige la puesta en marcha del listado de acceso a las viviendas de nueva construcción en Amate, que se ofrecerían en régimen de alquiler, una ecigencias que ya les llevó a ocupar durante algo más de una semana uno de esos bloques, extremo que abandonaron ante la denuncia presentada por usurpación y que, finalmente, fue retirada por el Ayuntamiento tras abandonar las viviendas.
El Consistorio mantiene que existe un listado de demandantes y que sus baremos son actualizados cada cuatro meses. Ahora, los Servicios Sociales municipales tendrán que enfrentarse a una posible acción de protesta similar a la de la Corrala Utopía de la pasada semana. Además, serán los encargados de estudiar de nuevo la situación de las familias de la Corrala, extremo que el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, aseguró que solicitarán este mismo lunes.
Valoración de las familias
Según el portavoz, las ocho familias que están “provisionalmente” realojadas van a pasar “inmediatamente” a los servicios sociales del Ayuntamiento, posiblemente el mismo lunes, para poner en marcha el mecanismo y determinar si realmente están en riesgo de exclusión y pueden seguir ocupando una vivienda pública. Entre las nueve familias restantes que fueron expulsadas del edificio el pasado día 6 “no va a haber ni un realojo más”, según Vázquez.
Mientras, el Ayuntamiento ya ha dejado claro que aún no ha recibido ninguna petición oficial parar hacer este informe, aclarando que, de las familias implicadas en la Corrala Utopía, sólo dos de ellas se encuentran en el listado de personas baremadas para acceder a una vivienda social, que se actualiza cada cuatro meses, y ocupaban los puestos 100 y 122.
Según apuntaba la delegada de Asuntos Sociales, Familia y zonas de especial actuación del Ayuntamiento de Sevilla, Lola de Pablo-Blanco, el Ayuntamiento desconoce la identidad de las ocho familias que han sido realojadas por la Junta y no tiene ninguna información sobre ellas “y los criterios que han llevado a optar por unas o por otras”.
Recordaba que “este Ayuntamiento ha mantenido el mismo criterio desde el principio, el escrupuloso respeto a la legalidad y a los criterios objetivos que establecen la situación de cada familia. Y no se va a mover ni un milímetro de esta postura”.
Igualdad de trato ante situaciones similares
No son sólo los afectados los que están demandando una igualdad de trato tras lo ocurrido con la Corrala. La Unión de Consumidores de Andalucía (UCA/UCE) ha anunciado que este lunes solicitará a la Junta que explique los criterios por los que ha otorgado con tanta premura pisos a los vecinos de la corrala Utopía y pedirá la misma “solución urgente” para los miles de ciudadanos en situación similar.
UCA-UCE quiere conocer qué criterios de concesión se han utilizado y reclama “igual solución urgente para los miles de ciudadanos afectados por los embargos, con hijos igualmente, sin trabajo y sin techo”. Estas familias “se encuentran también en grave riesgo de exclusión social, tal y como parece que han sido los criterios tomados en cuenta”, aseguran.
