La Fundación Secretariado Gitano (FSG) ha pedido al Servicio de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de Sevilla que abra diligencias para esclarecer si el asalto y la quema de dos viviendas en la localidad de Estepa a manos de un grupo de vecinos es constitutivo de un delito de odio racial o étnico.
La organización se expresa así tras conocer que una manifiestacion no autorizada de 400 personas contra una oleada de robos en este municipio sevillano se saldó con el asalto a varias casas habitadas por familias gitanas. Dos de los inmuebles acabaron siendo incendiados por los vecinos, convencidos de que allí residían los delincuentes.
"Mostramos nuestra preocupación por la identificación étnica y familiar de los sospechosos o supuestos delincuentes que concitan la ira de estos vecinos. En un Estado de Derecho la responsabilidad es individual, no familiar o étnica. Es inadmisible la identificación de toda una comunidad, como es la gitana, o de familias extensas, mal denominadas 'clanes gitanos', con conductas delictivas", señala.
En esta línea, denuncia que "sospechosamente, esta identificación étnica solo se produce con los gitanos" y explica que "aunque haya un elevado número de delincuentes en todos los ámbitos sociales a los que lógicamente solo se les pide cuentas por sus actos individuales (no a su familia cercana o extensa) con las personas gitanas continua una persecución secular totalmente inadmisible", un "antigitanismo", frecuente en varios países europeos.
La Fundación exige a las autoridades que "identifiquen cuanto antes a los autores de los asaltos y quema de las casas" y tachan "totalmente inadmisible" que un grupo de vecinos "se tome la justicia por su mano y ataque y queme las viviendas de otros ciudadanos" y recuerda que "nada justifica este tipo de actuaciones".
En esta línea se ha pronunciado la Unión Romaní, que en un comunicado incide en que en "nadie puede tomarse la justicia por su mano" y "hacerlo así supondría entrar en una espiral de terror y de venganza". "Tan condenables son los robos denunciados como la violencia desatada por los justicieros que amparados en la masa entraron en las viviendas, las saquearon y les prendieron fuego. Solo la ley debe imperar en estos conflictos", señala.
La organización se pregunta "qué parte de culpa o responsabilidad tienen las autoridades, especialmente las responsables de guardar el orden público, en consentir que las cosas hayan llegado a este extremo", y plantea "por qué no han actuado con eficacia desde el primer momento en que se formuló una denuncia por robo", dado que "la principal obligación" de las autoridades municipales es velar por la no ruptura de la convivencia.
"El ordenamiento jurídico español contempla una amplia gama de posibilidades para que los ayuntamientos, y en especial su alcalde, hagan uso de las medidas más adecuadas para velar por el orden público entre sus vecinos. Y seguimos preguntándonos, ¿cómo no se puso remedio antes a la ola de robos denunciada por los vecinos?", dice la Unión Romaní.
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN "ESTIGMATIZAN"
Tanto la Unión Romaní como el Secretariado Gitano apelan a la responsabilidad de los medios de comunicación en estos casos para que eviten la difusión de expresiones como "clanes gitanos" al referirse a supuestos delincuentes, "ya que con ello estigmatizan y criminalizan al conjunto de la comunidad y de la cultura gitana por los supuestos actos delictivos que hayan podido cometer alguno de sus miembros", conforme explica la fundación.
"Una vez más la referencia a que han sido "gitanos" los sospechosos de los robos, o miembros de "la etnia gitana" como tan ridículamente se nos denomina de algún tiempo a esta parte, ha puesto el foco sobre nuestra comunidad alimentando así el convencimiento de los racistas que manifiestan que todos los gitanos somos, como mínimo, delincuentes en potencia", dice en este sentido la Unión Romaní.
