El colectivo promotor de la ocupación de la parcela de la calle San Luis que antaño albergaba la sala teatral Endanza, en el sector norte del casco histórico, ha solicitado a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta que conforme a la Ley autonómica 4/2013 de función social de la vivienda, expediente a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), titular de la parcela en cuestión, por incumplir sus "deberes" en materia de conservación y rehabilitación de la finca.
El Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla ha tomado este martes declaración como imputada por un presunto delito de usurpación a Clara, la joven de 26 años que se autoinculpó en la causa judicial inacoada por la ocupación de esta parcela de la calle San Luis que albergaba la sala teatral Endanza. En concreto, ella se autoinculpó como miembro del grupo promotor de la ocupación, mientras más de cien personas han hecho lo propio pero como usuarios de la parcela.
La joven, tras comparecer ante el juzgado, ha manifestado a los medios de comunicación en compañía de su abogado, Luis de los Santos, miembro de Podemos, que ante la causa judicial derivada de la ocupación de este espacio, el colectivo ha decidido "dar la cara", porque "no estamos haciendo ningún mal ni nada ilegítimo", sino "haciendo uso" de un espacio que según esgrimen pertenece a la sociedad y lleva "siete años abandonado". "No estamos incurriendo en ningún ilícito penal. No hay motivos para el desalojo", han defendido ante el desalojo que reclama la Sareb como propietaria de la parcela.
En ese sentido, Luis de los Santos ha anunciado que el colectivo ha solicitado a la Consejería de Fomento y Vivienda que "aplique" la Ley autonómica 4/2013 de función social de la vivienda y "expediente" a la Sareb por "no asumir" sus "deberes" en materia de conservación y rehabilitación de la parcela, que lleva "siete años abandonada".
"EXPEDIENTE SANCIONADOR"
El letrado ha recordado que aunque esta normativa se encuentra suspendida al ser recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, la parte del articulado que "no está suspendido" permitiría incoar un "expediente sancionador" a la Sareb por no atenerse a las obligaciones de "conservación y rehabilitación" contenidas en dicha ley. El expediente, según expone, podría derivar en "fuertes sanciones" sobre la Sareb.
El Juzgado de Instrucción número 17, según han recordado a Europa Press fuentes del colectivo, tiene aún pendiente de señalar de nuevo las comparecencias inicialmente previstas para el pasado 18 de marzo, cuando ocho personas estaban llamadas a declarar como imputadas por un presunto delito de usurpación relacionada con esta ocupación. Se trataba de ocho personas identificadas por la Policía Nacional en las inmediaciones de la parcela, si bien sus comparecencias fueron finalmente suspendidas como consecuencia de una incidencia en la notificación de las citaciones.
Así, el juzgado estaría aún pendiente de citar de nuevo a estas ocho personas, que se suman por cierto a las dos personas que comparecieron ya como imputadas hace semanas por su presunta relación con los hechos.
LA PARCELA DE ENDANZA
"El centro social ocupado y autogestionado endanza es un espacio vivo, abierto al vecindario, utilizado por los colectivos y movimientos sociales de la ciudad. La especulación urbanística, que condenó al abandono y al deterioro a este lugar durante siete años, no puede ser excusa para volver a privar al barrio de un espacio que pretende ser catalizador de diferentes iniciativas políticas, sociales, culturales y artísticas", alega el grupo de ocupas, que defiende que según el planeamiento urbano vigente, "buena parte" del recinto ocupado debería ser "de uso cultural o zona verde", precisamente "el uso que hoy día tiene".
El origen de la propiedad del edificio, según el colectivo ciudadano que ha ocupado la parcela, se remontaría al Marqués de la Motilla, toda vez que posteriormente fue adquirido por una inmobiliaria quebrada hace más de siete años, lo que finalmente motivó su adscripción a la Caja de Extremadura y, finalmente, su absorción a manos de la Sareb. El colectivo alega que tras quedar "abandonada", era necesario tomar las riendas de dicha finca para ponerla al servicio de la sociedad.
